GUADALAJARA, JAL.17 de febrero (apro).- El Congreso local aprobó hoy un punto de acuerdo para que los diputados regresen los automóviles que tienen bajo su resguardo, entre otras medidas de austeridad, con el fin de subastarlos y con los recursos obtenidos solventar la deuda de 300 millones de pesos que arrastran, cantidad equivalente a la mitad e su presupuesto.

Raúl Vargas López, presidente de la Comisión de Administración, anunció que con esa medida y otras que están por adoptar, el Congreso estima un ahorro de 163 millones de pesos, debido a que los 662 millones de pesos aprobados para este año, no les alcanzará para “sobrevivir” todo el 2011.

El diputado del PRD explicó que también desaparecerán seis comisiones y se adelgazará la nómina.

La Comisión legislativa ya enfrenta, sin embargo, un problema: Según los diputados del PRI, Salvador Arellano y Salvador Barajas, y Enrique Aubry , del PRD, ellos nunca recibieron las unidades, a pesar de que sus nombres aparecen en la lista de recibido.

 “Que por lo menos nos digan quienes tienen esos autos”, demandó Enrique Aubry.

De acuerdo al secretario general del Congreso, José Manuel Correa Ceseña, la flotilla vehicular es de 45 unidades, de las cuales hay cinco camionetas asignadas a los coordinadores parlamentarios. Los legisladores deberán regresar los coches a la Secretaría General, para que los remate en una subasta pública.

“La situación de emergencia presupuestal en la que vive el Congreso fue provocada por los malos manejos de la mayoría priista y el PRD, que controla la Comisión de Administración”, sostuvo el panista Héctor Álvarez Contreras. “Ya es demasiado tarde para esta austeridad, cuando todo el 2010 se dedicaron a dilapidar los recursos de manera irresponsable”, denunció en tribuna.

El Congreso de Jalisco tiene una deuda de 300 millones de pesos, es decir, casi la mitad de su presupuesto. Incluso, en diciembre, tuvo que pedir un préstamo de 100 millones al sindicato de profesores de la Universidad  de Guadalajara para pagar aguinaldos y salarios de los empleados, pues la banca privada les negó un crédito.