MÉXICO, DF, 1 de marzo (apro).- La exgobernadora de Zacatecas, Amalia García, solicitó la intervención del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado para que supervise y garantice la legalidad del procedimiento que sigue la Contraloría por el presunto desfalco de mil 600 millones de pesos durante la administración perredista.
    García acusó al contralor estatal, Guillermo Guizar, de “faltar a la verdad” y actuar “con desaseo y falta de profesionalismo” en las auditorías que realiza a su gestión.
    Entrevistada a su llegada al Tribunal, al que asistió acompañada por Santiago Montero, uno de sus abogados, la exmandataria refirió que ha interpuesto dos amparos: uno en contra el apercibimiento que le hizo el contralor, y otro en contra del acto donde "se le tenían por aceptados los hechos que el contralor dio a conocer".
    El 24 de febrero, un juez del estado le negó la suspensión definitiva de uno de los amparos, y hoy el juez segundo de distrito le negó el otro, según un comunicado dado a conocer por el contralor.
    Según García Medina, la negativa del primer amparo jamás ha confirmado la legalidad de algún acto de la Contraloría, sino que la suspensión definitiva se negó "porque el contralor informó oficialmente que no tuvo por admitidos los hechos".
"Ante la opinión pública el contralor dice una cosa y ante el juez afirma otra completamente distinta", sostuvo la perredista.
Por eso, afirmó que recurrió a los tribunales para exigir se respeten las garantías al procedimiento administrativo y para que Huízar Carranza entregue respuesta a la solicitud que ella presentó por escrito, como lo marca el artículo 19, fracción IV de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Respecto del anuncio del contralor, en el sentido de que la exgobernadora podría ser sancionada la tercera semana de marzo, García Medina sostuvo que eso también sería ilegal, porque se pasaría por alto el desarrollo de una audiencia de pruebas y alegatos.     
Por su parte, el contralor zacatecano señaló que con su "actitud desafiante", la exgobernadora busca "evadir su responsabilidad ante la historia y la sociedad de Zacatecas".
Añadió que no hay posibilidad para el acuerdo político, ya que la instrucción del gobernador, el priista Miguel Alonso Reyes, es "llegar hasta el fondo" y que "se actúe con toda firmeza, apegados a la ley".
En su comunicado, indicó que el cambio de estrategia jurídica de Amalia García al acudir a otras instancias "es un acto de desesperación, ya que el Poder Judicial de la Federación no le ha dado la razón".