OAXACA, Oax., 11 de  marzo (apro).- Organizaciones civiles y víctimas de la represión en el sexenio del gobernador Ulises Ruiz Ortiz desdeñaron la creación de la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social.
Argumentaron que sus funciones están limitadas a asuntos jurídicos e insistieron en la necesidad de instalar una Comisión de la Verdad sobre los conflictos sociales ocurridos durante la gestión del exmandatario oaxaqueño.
    De igual forma, rechazaron el nombramiento del fiscal Guadalupe Lucas López Robledo, de quien dijeron que se trata de un “juez de consigna” que estuvo al servicio del ex gobernador José Murat y que ahora se le “recicla” para procurar el esclarecimiento de los hechos de alto impacto ocurridos en  2006.
El Frente Estatal de Víctimas de la Represión (Por la Verdad y la Justicia), el Comité de Familiares de los Desaparecidos, Asesinatos y Presos Políticos de Oaxaca (Cofadappo), el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Codigo-DH), Servicios para una Educación Alternativa (Educa) y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad de Género, manifestaron que al analizar el decreto surgieron varias dudas sobre la probidad del Fiscal.
Cabe mencionar que la Fiscalía, la cual se dio a conocer el pasado 9 de marzo, está investida con la potestad funcional de agente del Ministerio Público, y se encargará de conocer las investigaciones, integrar averiguaciones previas o legajos de investigación -- según corresponda--, ejercitar  la acción penal del caso e intervenir durante la secuela del proceso.
De entrada, el Fiscal Guadalupe Lucas López Robledo informó que hay  412 casos  de averiguaciones previas relacionadas con delitos de trascendencia social, las que se analizarán y dará seguimiento, para dar resultados a corto plazo y cumplir así el compromiso contraído con la sociedad en tal sentido.
Sin embargo, las organizaciones civiles consideran “preocupante” que entre las finalidades de la Fiscalía se pretenda adjudicarle “la ineludible búsqueda de la verdad histórica”.
En su razonamiento resaltan que “para llegar a la verdad se requiere más que una fiscalía, pues una instancia de este tipo no puede establecer una verdad histórica, como ya lo demostró la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) en su momento”.
Insistieron en que “la verdad puede frustrarse si se atiende sólo al proceso judicial. Este es un proceso mucho más amplio, donde participan activamente diversos sectores de la sociedad”, advirtieron.
Reiteraron que las finalidades que se le atribuyen rebasan el ámbito de una Fiscalía porque “esta no podría sancionar, ni fortalecer las instituciones de seguridad pública y las de administración de justicia, al ser tareas que competen a otros ámbitos”.
Y lanzaron varias preguntas al aire: ¿Por qué si la Fiscalía se creó el 18 de febrero de 2011  apenas se da a conocer, sin haber pasado por un proceso de consulta con la sociedad civil y sectores agraviados?
Además, recordaron que López Robledo fue Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro y llevó la causa penal 63/03 en contra de Humberto López Lena por los delitos de calumnia y difamación, proceso en el  que dicho Juzgador violentó las garantías del debido proceso legal al negar al inculpado el derecho a fianza.
Entonces, su actuación en este y otros casos le valieron el señalamiento como “juez de consigna” del gobierno de José Murat, porque en ese mismo periodo Raúl Bolaños Cacho Guzmán, actual diputado del PAN, fungía como Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
¿Por qué en un momento de transición democrática se recicla a un juez de consigna para procurar el esclarecimiento de hechos presumiblemente constitutivos de delitos, que por la trascendencia y conmoción social que causaron al momento de su ejecución, vulneraron gravemente el entramado social de la entidad oaxaqueña?
¿Por qué no construir la transición democrática con base en un nuevo pacto social entre el gobierno y la sociedad?, añadieron.