MÉXICO, D.F., 17 de marzo (apro).- A tres meses de los comicios en el Estado de México, el Congreso local tipificó el delito de feminicidio, con una pena privativa de la libertad de 70 años.
De acuerdo con las reformas al Código Penal aprobadas por unanimidad, el feminicidio es la "privación de la vida asociada a la exclusión, subordinación, discriminación o explotación del sujeto pasivo", en este caso la mujer, por lo que partir de ahora ese delito será castigado con penas de 40 a 70 años de prisión y de 700 a 5 mil días de multa en la entidad que gobierna Enrique Peña Nieto, en cuya gestión han sido asesinadas 922 mujeres.
En el dictamen, que incluyó las iniciativas del Ejecutivo estatal, así como del PAN y el PRD, se detalla que el homicidio doloso de una mujer se considerará feminicidio cuando ocurra por violencia de género.
"(También cuando) se cometa en contra de una persona con quien se haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza o haya estado vinculada con el sujeto activo por una relación de hecho en su centro de trabajo o institución educativa, o por razones técnico o profesional", apunta el dictamen.
Adicionalmente, se considerará feminicidio si el victimario ejecuta conductas sexuales crueles y degradantes.
El paquete de modificaciones incluye elevar las penas cuando existan lesiones contra mujeres embarazadas, y si el agresor mantuvo una relación sentimental, afectiva o de confianza con la víctima.
Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), desde el año 2005 hasta agosto de 2010, en el Estado de México se registraron 922 asesinatos dolosos de mujeres, en 522 de los cuales se desconoce quiénes fueron los asesino; además, detalló que 14.16% de las víctimas tenía entre 10 y 20 años de edad.
Cabe señalar que el pasado 11 de enero, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) votó en contra de iniciar una investigación en el Estado de México por la violencia contra mujeres.
En una reunión privada, celebrada en la Secretaría de Gobernación, los organismos que componen el sistema realizaron la votación, y la mayoría se pronunció en contra de iniciar las investigaciones, lo que levantó una serie de críticas por parte de grupos feministas y activistas de los derechos humanos.
Integrantes de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y el OCNF anunciaron que buscarán revertir esa decisión con un amparo, debido a la gravedad del fenómeno de la violencia de género en el estado más poblado de México.
La declaratoria de alerta de violencia de género es un mecanismo creado a partir de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objeto de investigar y tomar medidas inmediatas e integrales para erradicar las agresiones de género.
Según esas organizaciones, la decisión de no investigar estos casos "fue contraria a los estándares internacionales de protección a una vida libre de violencia, fortaleciendo el patrón de impunidad y discriminación por razones de género, factores que agudizan el feminicidio".