GUANAJUATO, GTO., 25 de marzo (apro).- La Secretaría de la Gestión Pública detectó presuntos hechos de corrupción en el sector Salud, en el que estarían implicados por lo menos 33 funcionarios de las áreas de mantenimiento, adquisiciones, administración y médicos de las oficinas centrales, dos jurisdicciones sanitarias regionales, los hospitales generales de León, Irapuato, Pénjamo y el centro comunitario de Jerécuaro.
    Proveedores que debían entregar “obsequios”; conflictos de intereses; robo de sueldos de otros empleados; lucro indebido con materiales por parte de médicos; subrogación de servicios en beneficio propio; contratación de amigos o familiares; reporte de gastos inexistentes y cobros indebidos son algunas de las anomalías detectados por el órgano de control del gobierno estatal.
    Además de directores y jefes de áreas administrativas, la Gestión Pública pidió los ceses del director general del Hospital de León, Ernesto Marcelino Castillo y de los administradores de los hospitales de Pénjamo y Jerécuaro, Juan Manuel González y Gerardo Vázquez Miranda. Estos últimos pagaron servicios y gastos no ejecutados o inexistentes.
    Estas anomalías fueron detectadas en una auditoría practicada en los meses pasados, durante la gestión del ex secretario Armando Aguirre Torres, quien dejó el cargo hace casi un mes.
    Su sucesor, el ex diputado federal del PAN Ector Jaime Ramírez Barba (quien ya había sido titular de la dependencia en el sexenio de Juan Carlos Romero Hicks) aseguró al conocer el informe que de inmediato se acatarán las disposiciones de la Gestión Pública, aunque aclaró que los ceses se irían procesando “de acuerdo con la situación de cada una de las personas” mencionadas en la auditoría.
    Ramírez Barba deslindó a su antecesor de las anomalías, y aseguró que “sólo hay que aplicar la ley” para vigilar el desempeño de los 15 mil trabajadores del sistema de salud del estado.    
La Gestión Pública interpuso una denuncia penal por concusión y abuso de autoridad en contra del ex jefe de mantenimiento de inmuebles de la citada dependencia (cuya instancia central es el Instituto de Salud Pública del Estado, ISAPEG), Juan Carlos Herrera Zurita, a quien se acusa de solicitar diversas dádivas a proveedores, tales como dinero en efectivo, autos, viajes, obras en su domicilio y otros regalos.
Sin embargo, Herrera Zurita “renunció” desde hace casi seis meses al cargo, según información obtenida por Apro.
La Procuraduría de Justicia del estado informó que la denuncia penal fue presentada ayer por la Secretaría de la Gestión Pública, y quedó bajo la averiguación previa 8/2011 en la Fiscalía Especializada en delitos de servidores públicos.
De acuerdo con el informe presentado por el secretario Luis Ernesto Ayala Torres, el ex jefe de mantenimiento de la Secretaría de Salud contó con la complicidad de personal de la Jurisdicción Sanitaria VI con cabecera en Irapuato, donde se encontraron elementos de las mismas prácticas ilícitas efectuadas por dos empleados del área de Mantenimiento de inmuebles, Guillermo Sánchez Cerón y Guillermo Rivas Gasca, quienes también pedían diversos regalos a los proveedores que prestaban servicios a la dependencia.
    Al ampliar la revisión a otras áreas de la Secretaría de Salud, los auditores del estado encontraron más irregularidades en la Jurisdicción sanitaria VI y varios hospitales, por lo que emitió la recomendación para destituir a un total de 33 funcionarios.
Entre éstos figuran el Director general de administración Juan Carlos Ramírez Origel, al que se responsabiliza de ser omiso ante las irregularidades, lo mismo que José Antonio Mejía Pérez, Director de recursos materiales.
La destitución también procede en el caso de los seis integrantes del Subcomité de Adquisiciones, mismo que modificó indebidamente las condiciones de la licitación de un equipo de tecnologías de la información, mismo que se pagó en su totalidad pero no ha sido entregado como corresponde, razón por la cual también se pidió el cese de la jefa del Departamento de inventarios y otro empleado del área.
La Gestión Pública determinó pedir la destitución del Director de planeación, José Guillermo Pacheco Morales –quien había asumido el cargo apenas en agosto pasado- por un conflicto de intereses con el proyecto del Sistema de información nominal automatizado con enfoque de riesgo en salud (SINACER), programa que involucra recursos federales y que se diseñó en conjunto con la Universidad de Guanajuato para modernizar la información de los pacientes en todas las unidades de la Secretaría de Salud, mediante la consulta en línea.
Este programa ha presentado atrasos y otras dificultades para su operación en las unidades de atención médica.
Otro ejemplo de la red de tropelías encontrada en los servicios de salud fue citado por el secretario Ayala Torres:
“Se encontraron prácticas de corrupción en las área de Traumatología y Ortopedia (del Hospital regional de León), donde algunos médicos lucraban indebidamente con los materiales” por lo que se recomendó la separación del cargo de 3 médicos por manejo indebido de venta de equipo de Osteosíntesis: Ángel Humberto Chávez Carmona (jefe del Departamento de servicio de traumatología y ortopedia), y los médicos tratantes Marco Antonio Ortiz Santoyo y Martiniano Vázquez Rodríguez.