MORELIA, Mich., 3 de marzo (apro).- El pleno del Congreso local acordó hoy destituir a siete funcionarios del municipio de Tzintzuntzan, entre ellos el alcalde Abel Martínez Rojas (PVEM), e inhabilitó por tres años a la exalcaldesa sustituta de Uruapan, María Dóddoli Murguía (PAN).

Erigido en gran jurado por primera vez en su historia, los legisladores argumentaron que, en el caso particular del edil Abel Martínez Rojas, su destitución se debió a que generaba condiciones de ingobernabilidad en el municipio, en tanto que el síndico Eusebio Sandoval y cinco de los siete regidores fueron cesados de sus cargos debido a que se ausentaron de sus funciones.

Todos los servidores públicos fueron también inhabilitados por tres años para ocupar cargo público alguno.

Los diputados locales sesionaron toda la noche y la madrugada de este jueves para dar salida a los juicios políticos que se habían abierto contra esas autoridades municipales.

De acuerdo con el dictamen aprobado, “se sanciona con la destitución del cargo como presidente municipal al servidor público J. Abel Martínez Rojas, presidente constitucional del ayuntamiento de Tzintzuntzan, así como la inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público, por el término de tres años contados a partir de la publicación del presente dictamen en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo”

Y agrega que “una vez aprobado el presente dictamen en los términos propuestos y derivado de la destitución del presidente municipal de Tzitzuntzan, este Congreso deberá proceder conforme a lo que establece la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, para la sustitución de dicho funcionario”.

En los mismos términos que el dictamen del alcalde fue redactado el de Eusebio Sandoval Ceras, José Gerardo Guzmán Campos, María Italvia Mateo Ramos, Francisco Ramos Fuerte, Maurilio Cruz López, Marcial Campos Morales, síndico y regidores, respectivamente.

Por lo que refiere a Benito García Nambo, extesorero del ayuntamiento, también fue inhabilitado por tres años.

En entrevista, el alcalde destituido, Abel Martínez, advirtió que recurrirá la decisión tomada por el Congreso, ya que los legisladores, dijo, incurrieron en un delito, pues la Constitución establece que una persona no puede ser juzgada por un mismo asunto dos veces, y él ya lo fue por la destitución que en su momento se hizo de los regidores y síndicos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Según Martínez, el procedimiento de juicio político lo deja en un estado de indefensión, debido a “las aberrantes violaciones derivadas de la obscuridad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, y acusa de deficiencias formales y procesales en los expedientes de la Comisión Instructora.

Además, acusó a la comisión de haberse erigido en órgano acusador en su contra, sin haberle proporcionado el dictamen final que elaboró a fin de que él pudiese defenderse.

El lugar del síndico y regidores destituidos deberá ser ocupado por sus suplentes, quienes deberán sugerir, como primer encargo, el nombramiento de un alcalde interino

Cabe señalar que el conflicto político en Tzintzuntzan estalló en el año 2008, cuando el síndico y regidores comenzaron a ausentarse de las sesiones de Cabildo por inconformidades con el presidente municipal.

En respuesta, el alcalde decidió destituirlos y convocar a los regidores suplentes, con lo que dio inicio una solicitud de juicios políticos entre las partes en conflicto.

En su dictamen, votado poco antes de las 6:00 horas de este jueves, el Congreso también resolvió inhabilitarlos por tres años para ocupar cargos públicos.

En la misma sesión se dio salida al juicio político contra la exalcaldesa panista de Uruapan, María Dóddoli Murguía, acusada de haber cesado a tres regidores mientras fungió como alcaldesa sustituta en 2009.

El Congreso dictaminó inhabilitar a Dóddoli por tres años para el ejercicio de cargos públicos, argumentando que la destitución de regidores es una facultad exclusiva de este poder.

En el dictamen sobre este caso se establece que “por haberse justificado los elementos que sirvieron de base para concluir que de las constancias se demuestra la responsabilidad de la ex servidora pública denunciada”.

Y agrega que en mérito de lo anterior, quedan legalmente comprobadas las conductas violatorias contenidas en el artículo séptimo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán.

“Consecuentemente y con fundamento en lo que dispone el artículo 108 de la Constitución Política de Michoacán y el octavo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se sanciona con la inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público, por el término de tres años contados a partir de la publicación del presente dictamen en el Periódico Oficial del Estado, a la ciudadana Jesús María Dóddoli Murguía”.

Así resolvió el Congreso local el juicio político que en septiembre de 2009 promovieron el síndico José Morenos Salas y los regidores Guillermo Zamora, Libero Madrigal, Moisés González, Enrique Sánchez, María de Jesús González, María del Carmen Elvira, Telma González, aspa como Juan Daniel Manzo, en contra de Dóddoli Murguía por haberlos destituido de sus respectivos cargos.