GUADALAJARA, Jal., 30 de marzo (apro).- Tal como lo anunció ayer, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), junto con Constructora Peninsular, presentaron ante la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal contra las personas que paralizaron las obras de la presa El Zapotillo.
Desde el pasado lunes 28, los pobladores de Acasico, Palmarejo y Temacapulín, de los municipios de Mexticacán y Cañadas de Obregón, bloquearon la entrada al sitio donde se construye la presa, para evitar el ingreso de maquinaria.
A raíz de ese hecho, la Conagua y Constructora Peninsular –responsable de las obras– presentaron una denuncia penal contra quienes resulten responsables “por el bloqueo e invasión a los terrenos de propiedad federal”, donde se levanta la presa que abastecería de agua potable a una parte de la zona metropolitana de Guadalajara, a Los Altos de Jalisco y a la ciudad de León, Guanajuato.
Tras presentar la denuncia, el delegado regional de la Conagua, Raúl Antonio Iglesias Benítez, calificó de “reprobable y lamentable” el bloqueo de los opositores a la obra, quienes –dijo– “violentaron el estado de derecho”.
El plantón, añadió, nada tiene de pacífico, porque los inconformes invadieron el lugar “donde se construye uno de los proyectos más importantes de abastecimiento de agua potable del país, con lo que afectaron el desarrollo de los trabajos” que diariamente cuestan muchos millones de pesos en pérdidas.
Las acciones de los pobladores, insistió el funcionario, “son ilegales y sin fundamento”.
Por separado, los opositores a la presa El Zapotillo amenazaron con demandar por la misma vía penal tanto a Iglesias Benítez como al director de la Comisión Estatal del Agua, César Coll Carabias, en virtud de que nunca les dijeron la verdad sobre las obras que, por cierto, ya están bastante avanzadas.
Ayer, en entrevista vía telefónica, el abogado del “Comité Salvemos Temacapulín, Acasico  y Palmarejo”, Guadalupe Espinosa, explicó que decidieron bloquear las obras “porque ya están cansados de engaños y de que no se cumpla con la ley.”
Según el litigante, existe una orden judicial para frenar las obras de construcción, y la Conagua –que encabeza el panista José Luis Luege Tamargo– ha hecho caso omiso del mismo.
El pasado 31 de enero, la juez primera de distrito auxiliar, Martha Leticia Muro Arellano, ordenó  a las Comisiones Nacional y Estatal del Agua –bajo el amparo 2245/2008 y su acumulado 2262/2008– suspender  la construcción de la presa, pues los poblados mencionados corren el riesgo de ser inundados al construirse el embalse.
Muro Arellano también pidió que se concediera a los pobladores el derecho de audiencia y se les informara cómo se verán afectados sus derechos de propiedad, pero los trabajos continuaron.
En ese sentido, el abogado del Comité  subrayó que existe una  “obstinación por parte  de Conagua para cumplir sus compromisos políticos y económicos”, sin importar el futuro de los habitantes de estos pueblos.