Abusos contra menores en albergue del DIF-Cancún

viernes, 4 de marzo de 2011

MÉXICO, DF, 4 de marzo (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó la colaboración del ayuntamiento quintanarroense de Benito Juárez (Cancún) para presentar una denuncia penal contra funcionarios que vulneraron los derechos de 18 niños y niñas internados en la Casa de Asistencia Temporal para Menores del DIF municipal.
    Al dar a conocer la recomendación 7/2011, la CNDH señaló que en la inspección del albergue se encontró un local con “características de celda carcelaria” y que, según denuncias de los afectados, ahí se recluía a menores como una forma de castigo.
    El 24 de agosto de 2010, la CNDH ejerció su facultad de atracción luego de que la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo recibió varias quejas en contra de empleados de la Casa de Asistencia y por las malas condiciones del establecimiento.
    El propio ombudsman estatal presentó, el 12 de agosto de ese año, una denuncia penal en contra de funcionarios públicos, averiguación previa que sigue abierta, asentó la CNDH en un comunicado.
El cuarto de castigo, se detalla en la recomendación 7/2001, tiene dimensiones de “dos metros de ancho por tres de largo, con barrotes en lugar de puerta, y sólo podía abrirse por fuera”; además de que no contaba con instalaciones sanitarias ni eléctricas, y sólo contaba con“una ventana sellada y un saco de boxeo”.
    Durante la investigación, el organismo resaltó que los funcionarios municipales “argumentaron que los infantes eran encerrados ahí cuando presentaban estrés, altos niveles de agresividad o síndrome de abstinencia”.
Sin embargo, para la CNDH esa forma de castigo causó a las víctimas “daños a su integridad mental”, además de que los funcionarios “omitieron proporcionar a los menores la atención necesaria para lograr su desarrollo armónico e integral y garantizar sus derechos”.
También constató que los servidores públicos “trasgredieron los derechos a un trato digno y a la integridad y seguridad establecidos en la Constitución Política del país”.
Ya en agosto de 2010, el ombudsman local había dado al ayuntamiento un plazo de 48 horas para desmantelar el cuarto de castigo y ordenó aplicar estudios psicológicos al personal que laboraba en ese albergue.
En la recomendación, la CNDH demandó la colaboración institucional del ayuntamiento de Benito Juárez para que el organismo presente una queja ante la Contraloría municipal, así como en la presentación de una denuncia de hechos ante la Procuraduría de Quintana Roo, contra los funcionarios involucrados en los abusos.
Asimismo, giró instrucciones para reparar el daño a los afectados “a través de tratamientos físicos y psicológicos que sean necesarios para establecer su salud física y emocional”.
Además, se tomen las medidas que garanticen la no repetición de los hechos, sobre todo prohibir “que los niños permanezcan en condiciones de encierro”.
En la recomendación se insta al ayuntamiento para que capacite a los funcionarios del DIF en “estrategias orientadas al sano desarrollo físico y psíquico de los menores”.

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