Guanajuato, Gto., 8 de marzo (apro).- Organizaciones sociales de Guanajuato y Querétaro reclamaron en el marco del Día Internacional de la Mujer la tipificación del delito de feminicidio en la legislación penal de ambas entidades, al señalar que en esta materia aún existe una deuda por parte de los legisladores locales que propicia la impunidad en los homicidios de mujeres.

En Guanajuato, el Centro de Derechos Humanos Victoria Díez entregó a autoridades del gobierno del estado su propuesta para que la tipificación del delito de feminicidio –o privación de la vida de una mujer por razones de su género- se incluya en la revisión integral del Código Penal que fue anunciada como una prioridad en la agenda legislativa local.

Atender esta propuesta significaría “una acción contra la impunidad y un paso en el cumplimiento de la sentencia de Campo Algodonero (de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) y otras recomendaciones internacionales”, explicó la abogada Ángeles López García, directora de ese organismo.

Al afirmar que los tipos penales son insuficientes, López García explicó en conferencia de prensa que para combatir eficazmente el feminicidio es necesario que sea considerado delito autónomo; que tenga elementos objetivos de fácil aplicación para que sea reconocido e investigado por la procuración de justicia y se evite interpretación y valoración con criterios o creencias personales.

Aseveró que este tipo de crímenes contra las mujeres son complejos y afectan diversos bienes jurídicos como la integridad, la dignidad, la igualdad y la libertad, ya que se comete en condiciones en las que la víctima y el victimario tuvieron una relación de confianza o de pareja; puede incluir como agravantes la violencia sexual, lesiones o mutilaciones en el cuerpo de la víctima, e incluso el arrojar su cuerpo en un lugar público o exponerlo.

Para el Centro Victoria Díez esta reforma legislativa no es suficiente, pues también se necesita que los funcionarios responsables de la procuración y la impartición de justicia entiendan que el feminicidio no es un asunto privado “sino la mayor expresión de odio hacia las mujeres, y que es posible porque hay una cultura que legitima la desigualdad y la discriminación hacia ellas”.

Deben transformarse también las prácticas inadecuadas de parte de los organismos que imparten justicia, la falta de transparencia y la discriminación, y desarrollarse protocolos para preservar los cuerpos no identificados y crear una base estatal con datos como la información genética de las víctimas.

Mientras tanto, en Querétaro se reunieron representantes de la Unidad Cívica “Felipe Carrillo Puerto”, Salud y Género A.C., Equidad y Libertad Tameztona, Milenio Feminista y Colectiva Degeneradas A.C. para reclamar al gobernador José Calzada Rovirosa y al Instituto Queretano de las Mujeres la aprobación del reglamento de la Ley de Aceso a una Vida Libre de Violencia para el estado, así como la operatividad del Sistema estatal contra la violencia y la tipificación del delito de feminicidio.

Para este último, plantearon una pena no menor a 30 años de prisión.

Representantes de las organizaciones mencionadas recordaron que actualmente sólo los estados de Guerrero y Veracruz tienen establecido el delito de feminicidio en sus respectivos códigos penales, y pidieron también impulsar la iniciativa que en el mismo sentido existe para el Código penal federal.

Finalmente, las organizaciones firmaron su adhesión a la campaña nacional “Ni una más. Alto a los femicidios en México”, y exigieron justicia y el castigo a los homicidas de las activistas Marisela Escobedo, Susana Chávez y Josefina Reyes, así como el fin de la persecución a la familia de esta última, que actualmente tramita solicitudes de asilo en el extranjero.