OAXACA, Oax., 26 de abril (apro).- Al cumplirse un año del atentado a la caravana humanitaria que se dirigía a San Juan Copala, donde fueron asesinados los activistas Beatriz Cariño y el finlandés Jiry Jaakkola, no existe voluntad política del presidente Felipe Calderón para hacer justicia y castigar a los que operaron y ejecutaron la emboscada.
Así lo declaró el dirigente del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y esposo de la activista asesinada, Omar Esparza Zárate, quien junto con Fernando Urbano, del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), fue detenido este martes por la Policía Federal (PF) en el estado de Puebla.
La aprehensión se consumó alrededor de las 12:30 horas en la caseta a Miahuatlán, Puebla, con el argumento de que la camioneta en que viajaban se encontraba reportada como robada y, después de nueve horas de permanecer esposados, fueron liberados al acreditarse la propiedad a nombre del gobierno del estado de Oaxaca, el cual facilitó la unidad para que los dirigentes campesinos se desplazaran y presentaran pruebas para resolver el caso de la emboscada.
Entrevistado mientras se encontraba detenido, Esparza Zárate sostuvo que “Calderón sólo abre la boca y no hace justicia, de ahí el fracaso de su política”.
Resaltó que no hay pretexto para que el gobierno federal evada su responsabilidad, pues “los asesinos que operaron y ejecutaron la emboscada en la Sabana Copala –el 27 de abril de 2010-- están señalados con nombre y apellido”.
Es por ello, dijo, que “estamos exigiendo al gobierno federal la detención de los asesinos Rufino Juárez y Antonio Cruz, alias Toño Pájaro, así como de los que dieron los recursos el actual diputado local, Carlos Martínez Villavicencio, quienes obedecieron la orden que vino de arriba, de Evencio Nicolás Martínez (entonces secretario general de gobierno de Oaxaca) y del ahora exgobernador Ulises Ruiz”.
Vía telefónica, Esparza Zárate, reiteró que “no existe voluntad del gobierno federal para detener a los responsables de la emboscada, aunque se llenan la boca ante organismos internacionales de que habrá justicia, cuando la realidad es que todo sigue en la absoluta impunidad”.
Igual sucede con los desplazados triquis, en que a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas cautelares para retornar a San Juan Copala, es la fecha que éstas no se han cumplimentado.
“El gobierno federal ya tiene los nombres y deber actuar, porque por menos actuaciones han encarcelado a gente de Atenco, de Montes Azules, Chiapas, o de Campeche, donde hay resistencia por invasión a sus tierras o las altas tarifas eléctricas”, añadió.
Hizo hincapié en que como parte de las acciones a realizar en el primer aniversario luctuoso de Bety Cariño y Jiry Jaakkola, realizarán este miércoles 27 una movilización en Huajuapan de León, así como una caravana para visitar la tumba de su esposa en Chila de las Flores, Puebla, donde se efectuará un acto político donde se prevé la asistencia del poeta Javier Sicilia y de otras organizaciones.
El 27 de abril de 2010, una caravana humanitaria que se dirigía a San Juan Copala a llevar víveres y medicamentos a la comunidad triqui fue emboscada por un grupo armado, donde falleció la mexicana Bety Cariño y el finlandés Jiry Jaakkola.