"El Heraldo" denuncia abuso de autoridad en Puebla

viernes, 29 de abril de 2011

PUEBLA, Pue., 29 de abril (apro).- Representantes del periódico El Heraldo interpusieron ante del Ministerio Publico una denuncia por supuesto abuso de autoridad y amenazas, supuestamente cometidos por autoridades estatales en el desalojo del edificio El Mesón del Cristo.
    Debido a ello, se abrió la averiguación previa 703/2011/CENTRO, en la que se señala que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal cortaron cartucho y llegaron a encañonar a personal del rotativo para obligarlos a salir de inmueble.
El jueves 28, en un operativo encabezado por Ardelio Vargas Fosado, titular de la SSP, el gobierno del estado recuperó el edificio ubicado en la calle 8 Oriente 216 en el que operaba El Heraldo, propiedad del empresario Ricardo Henaine.
Según el gobernador Rafael Moreno Valle, su administración pretende recuperar los edificios que son propiedad del gobierno para ubicar en ellos oficinas públicas y evitar el pago de rentas.
 De acuerdo con los trabajadores del impreso, el representante legal de la empresa Rihemez, propietaria del periódico, Jorge Meléndez Viveros, mostró a los encargados del desalojo una suspensión provisional, la 580/2011, otorgada por el Juzgado Primero de Distrito. Pese a ello, los funcionarios continuaron con el desalojo.
 Meléndez Viveros, Rosa Alvarado Palafox, contadora general de la empresa, y el guardia de seguridad, Víctor Martínez Sánchez, acudieron al MP a presentar una denuncia contra quien resulte responsable de estos hechos.
 En una relatoría, entregada por el abogado Rodolfo Aragón, abogado de Henaine, se menciona que el contrato de comodato fue firmado el 28 de febrero de 1992 entre el gobernador Mariano Piña Olaya y la empresa El Heraldo de México, que en ese entonces era propiedad de Gabriel Alarcón.
 Posteriormente, el 10 de septiembre de 2010, el gobierno de Mario Marín reconoció la vigencia de ese contrato con vencimiento en 2017.
Se destaca que al conocer el 11 de marzo de este año que el gobierno pretendía recuperar el inmueble, la empresa interpuso una demanda de amparo indirecto, señalando como autoridades responsables a los 12 jueces de lo civil en Puebla.
 Correspondió conocer del caso al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, bajo el número 423/2011, el cual concedió la suspensión provisional a la empresa.
 En ese entonces, se detalla en el escrito, cuando el juez de distrito preguntó a cada uno de los 12 jueces civiles de Puebla si tenían una orden para desalojar a la empresa Rihemez, todos ellos respondieron negativamente, por lo que se rechazó la suspensión definitiva.
 El 28 de marzo pasado, la empresa recibió una notificación por parte de Karen Abraham Machorro, directora de Administración de Bienes Muebles e Inmuebles de Puebla, por la que se daba por terminado el contrato de comodato del inmueble, y se otorgaban 20 días hábiles para desocuparlo.
 Frente a ese hecho, Rihemez interpuso de nuevo una demanda de amparo, que se turnó al Juzgado Primero de Distrito, la 580/2011, con lo que se otorgó de nueva cuenta una suspensión provisional a favor de la empresa.
 Pese a esto, indica el comunicado distribuido por El Heraldo, el gobierno del estado procedió al desalojo del edificio la noche del 28 de abril.
     “De manera violenta, irrumpieron con armas largas en las oficinas de la moral denominada Grupo Rihemez, sacando intempestivamente a todo el personal que ahí laboraba”, se acusa en la relación de hechos.
 “Más aún”, añade, “al momento de la diligencia, el gobierno del estado impidió que los trabajadores de El Heraldo de Puebla retiraran sus pertenencias, computadoras y demás instrumentos de trabajo (incluido dinero en efectivo, chequeras y un automóvil). Ello, con el ánimo de desarticular la logística del rotativo.
 “Lo anterior pone en evidencia la forma represiva con que se conduce el gobierno del estado de Puebla, encabezado por Rafael Moreno Valle Rosas, persona a quien, con tal de cumplir sus caprichos y objetivos, no le importa comportarse fuera de la ley, incurrir en los delitos de despojo y abuso de autoridad, e inclusive desacatar órdenes federales”, puntualiza el comunicado.