OAXACA, Oax., 4 de abril (apro).- El gobernador Gabino Cué aceptó la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), ocurrida en mayo 2007, y anunció que su gobierno coadyuvará con las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República (PGR).

Ante el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, el gobernador manifestó que a través de la Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social el gobierno del estado coadyuvará en la investigación para determinar quiénes fueron los responsables de esta presunta desaparición forzada.

Durante la firma del Convenio para el Establecimiento de una Red de Atención Integral para Víctimas del Delito en Oaxaca, Gabino Cué señaló pedirá oficialmente a la Procuraduría General de la República que la Procuraduría de Justicia de Oaxaca se sume a los trabajos de investigación para “conocer la verdad de los hechos”.

Por su parte, el ombudsman afirmó que si existen las desapariciones forzadas en México es porque, “sin duda”, siguen existiendo gobiernos autoritarios.

“Mientras continué una sola desaparición forzada es que todavía hay servidores públicos que en lugar de servir a la sociedad están lastimando a algunos de sus miembros”, añadió.

Insistió en que la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad que amerita que se investigue de manera completa, pronta y, sobre todo, que se detenga a los responsables como la mejor forma de evitar que se repitan actos tan graves como esos.

Sobre la aceptación de la recomendación, dijo que es un respaldo para los familiares y un buen mensaje para la sociedad de Oaxaca y México, en general, en el sentido de que toda violación a los derechos humanos y particularmente una tan grave como la desaparición forzada pueda ser investigada y llevarla hasta sus últimas consecuencias.

Apenas el 28 de marzo, el Ejército Popular Revolucionario pidió a los integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU que contribuyan a la localización de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, miembros de esa organización clandestina.

En un comunicado dirigido a Ariel Dulitzki, Alan García, Jazminka Dzumhur, Osmar el Haijé y María Giovanna Bianchi, miembros del Grupo de Trabajo de la ONU, el EPR denunció que “el delito de lesa humanidad de desaparición forzada por motivos políticos o sociales en nuestro país continúa siendo una práctica recurrente del Estado mexicano”.