TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 5 de abril (apro).- Unos 28 internos del penal de Motozintla iniciaron el lunes pasado una huelga de hambre para exigir así su libertad anticipada, al contabilizar con 60 y hasta 90% de sentencia cumplida.

Trascendió que los reos iniciaron el ayuno para exigir se les aplique la ley de sentencia anticipada, es decir, les condonen la pena por buen comportamiento y luego de haber cumplido al menos 60% del castigo.

Denunciaron que sólo reclusos con recursos económicos han podido pagar un abogado para que les agilice la libertad anticipada, sin embargo, los inconformes carecen de medios para contratar un defensor legal que los apoye, y por ello pidieron la intervención de las autoridades estatales para que se revisen sus expedientes.

Mientras, en la capital del estado, tres mujeres y dos hombres comenzaron una huelga de hambre para exigir la libertad de unos 26 indígenas, entre ellos 19 policías municipales detenidos en noviembre pasado por la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE).

En una manta, Manuela Zenteno Pérez, Ana Elisa Díaz, Dominga Bautista Hernández, Agustín Pérez Pérez y Vicente Hernández Hernández advirtieron que “nos declaramos en huelga de hambre hasta ver la libertad de nuestros compañeros presos”.

Manuela Zenteno, cuyo esposo se encuentra recluido en el penal de El Amate, expuso que hoy fueron cinco personas las que iniciaron el ayuno, pero este miércoles se sumarán cinco más, y así hasta que todos los familiares se incorporen a la protesta.

Los inconformes aseguraron que los 26 indígenas tzotziles encerrados en el penal son inocentes y que todo se debió a intereses políticos.

Ahí mismo, a las puertas de palacio de gobierno, Agrentina Gutiérrez Núñez prosigue en su plantón, iniciado desde el 8 de febrero pasado.

Junto a su hijo Cornelio, de 5 años, y su pequeña hija Celerina, de 2, Agrentina declaró sentirse engañada y burlada por el gobierno de Chiapas pues, sostuvo, ha solapado las acciones arbitrarias de los agentes policiacos y ministeriales que llevaron a prisión a su esposo Amílcar Méndez Núñez, preso desde diciembre del 2008.

Dijo que los agentes de la PGJE se basaron en los dichos del comisariado ejidal de Cintalapa, Mariano Cruz Vázquez, y el líder de la paramilitar Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), Herlindo López Pérez, quienes acusaron a Amílcar Méndez de haber matado a machetazos a un joven indígena de la misma comunidad.

Agrentina Gutiérrez y unas 18 personas más fueron expulsadas de la comunidad, les quitaron sus casas y tierras, y desde hace dos años permanecen en el destierro, aunque ahora lo que más anhelan es la libertad de Amílcar.