LEÓN, Gto., 8 de abril (apro).- El gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez incumplió sus promesas de casa, becas escolares y otros apoyos a nueve mujeres que fueron liberadas en septiembre del 2010, cuando purgaban condenas por homicidio a pesar de que habían sufrido abortos.

Oliva Ramírez liberó a las nueve mujeres presas en Guanajuato mediante una reforma legal aprobada por el Congreso, que estableció una excepción en los casos de “homicidio en razón de parentesco”, para atender una recomendación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos, que consideró injustos los procesos y solicitó su excarcelación.

Sin embargo, luego que se conoció la historia de estas mujeres, el gobierno de Guanajuato les ofreció diversos apoyos a cambio de que ya no hablaran con la prensa y de que no pretendieran pugnar por un reconocimiento legal de inocencia ante un juez, denunció Verónica Cruz Martínez, directora del Centro Las Libres.

“No les cumplió nada; todavía después de su liberación las siguió jodiendo al decirles que les iban a dar casas, educación, etcétera, y lo más que llegó fue a darles despensas dos veces. No les cumplió, las siguió tratando como mujeres que sólo requieren la limosna del gobierno, y no la garantía de los derechos; otra vez las vulnerabilizó”, acusó la activista.

Explicó que a siete meses de que salieron de la cárcel, las nueve mujeres están reincorporándose con dificultades a una vida normal.

“Contrario a lo que pensábamos del estigma, la sociedad las está recibiendo muy bien; el tema es recuperar los años de vida que estuvieron en la cárcel, y la pérdida del cariño de su familia, de sus hijos y, por supuesto, tener un trabajo digno”, dijo Cruz Martínez este viernes durante un taller impartido a medios.

Sostuvo que el gobierno de Guanajuato demostró que nunca quiso resolver el asunto de fondo, puesto que no quiso reconocer que cometió una injusticia con esas mujeres.

“Se quitó el escándalo de encima con estos casos y quiso seguir manipulándolas, y ellas no tenían más opción en ese momento que aceptar eso, porque querían salir, pero ahora conocen sus derechos y los están defendiendo”.

De hecho, a partir de la polémica internacional desatada por este caso, se están documentando al menos 40 casos similares en otros seis estados.

Algunos de ellos “son peores que los de Guanajuato”, dijo Verónica Cruz, quien precisó que se tienen documentados procesos penales contra mujeres que abortaron en Querétaro, Aguascalientes, Guerrero, Baja California, Hidalgo y Puebla.

Sólo en Puebla se tienen registrados 30 expedientes.

“Todavía no podemos conocer la dimensión del problema en todo el país, estamos pidiendo a la Comisión Especial del Feminicidio que haya un diagnóstico nacional del nivel de criminalización de la mujer en todo el país por el derecho a decidir en todo el país”, señaló Cruz (Con información de Verónica Espinosa).