CANCÚN, Q. Roo, 18 de mayo (apro).- El dirigente municipal del PAN, Eduardo Martínez Arcila, exigió la renuncia del presidente del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), Francisco Javier García Rosado, por haber usado su influencia política para rescatar de la acción de la justicia a su hija Fernanda García Altolaguirre después de que ésta fue detenida con cinco amigos por posesión de drogas y armas de fuego.
Destacó que la postura que asumió el magistrado en el caso de su hija envía “un mensaje brutal de impunidad” a la sociedad y mancha la imagen de las instituciones encargadas de procurar justicia.            
Consideró que al menos “por decencia” García Rosado debería renunciar o separarse de su cargo para permitir que se investigue y se esclarezca su responsabilidad en la liberación de su hija y de sus amigas con las que fue detenida.
         Lo que hicieron esos jóvenes “no se trató de una travesura; estamos hablando de tráfico y consumo de drogas, de jóvenes que andan armados", destacó el dirigente panista.
         Consideró que el tráfico de influencias para liberarlos “es un insulto a las instituciones, tanto a la que representa el magistrado como a la policía de Cancún y las encargadas de la procuración de la justicia", afirmó.
Reprochó que se permitan estos privilegios que alimentan la impunidad, sobre todo tratándose de un funcionario que, paradójicamente, está encargado de impartir justicia.  
         En ese sentido cuestionó: "¿Con qué cara pedirá ahora que se respete la ley?”
         Insistió en que este caso “desnudó un grosero tráfico de influencias, que  debe ser investigado".
         “La ley no debe distinguir cargos ni clases sociales. Eso no se puede permitir en Quintana Roo”, dijo.    
         Fernanda García Altolaguirre, de 25 años, fue detenida por la policía municipal la madrugada del pasado sábado en la Súpermanzana 525, manzana 12, lote 40 de la calle Zinnia del fraccionamiento Residencial Santa Fe Plus junto con cinco de sus amigos.  
         Los otros detenidos fueron Sarahí Vargas López, de 18; Cristian Sosa Barragán, de 21; Mauricio Canto Miru, de 20; y Miguel Sosa Barragán, de 35, todos del Distrito Federal; y Nicolet Osorio, de 19 años, originaria de Jalisco.
         Junto con los detenidos, la policía municipal aseguró siete paquetes de marihuana con 7 gramos cada uno, una bolsa con 200 gramos de la hierba, una  bolsa con 20 gramos de cocaína, 6 mil pesos en efectivo, una videocámara y ocho  teléfonos celulares.
         También una pistola tipo escuadra calibre .38 súper con cargador abastecido con 4 cartuchos y dos cargadores vacíos, un cartucho percutido calibre .9 milímetros, 18 cartuchos útiles calibre .22 milímetros, una báscula digital, tres bolsas cerradas con 100 bolsitas cada una para dosis de droga de un gramo cada una.
     Además una camioneta tipo Escape color gris, con placas GZJ-5742 de Pennsylvania, Estados Unidos; una camioneta Lincoln Navigator color blanco, con placas de circulación 944-UUA del Distrito Federal y un vehículo tipo Malibú color blanco, con placas de circulación UUF-7780 del estado de Quintana Roo, propiedad del magistrado, en cuyo interior estaba la “charola” que lo acredita como tal.
         La detención se dio luego de una persecución policíaca que inicio a las 6:30 de la mañana, a raíz de reportes ciudadanos que alertaron de disparos.
         Al detectar la camioneta reportada, una Lincoln tipo Navigator de color blanco y placas de circulación 944-UUA, los uniformados le marcaron el alto, empero los tripulantes se dieron a la fuga terminando su desenfrenada carrera en el predio antes mencionado, a donde entraron para refugiarse.
         Los policías municipales cercaron el lugar, y con apoyo de las autoridades ministeriales y de la Armada detuvieron a los seis jóvenes, quienes fueron trasladados a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
         Sólo los varones fueron turnados a la Procuraduría de Justicia. Las menores fueron liberadas unas horas después.
           Pese al hermetismo oficial en torno al caso, trascendió que sólo dos de los detenidos, Mauricio Canto Miru y Cristian Sosa Barragán, fueron consignados ayer a un juzgado de Distrito y remitidos a la cárcel municipal.