JALAPA, Ver. (apro).- Uniformados afectados por el decreto de extinción de la Policía Intermunicipal Xalapa-Banderilla-Tlalnehuayocan (PIXT), exigieron su reinstalación en otras corporaciones o el pago de sus derechos laborales conforme a la ley. Este jueves, un grupo de inconformes, en compañía de su asesor legal Luis Alberto Viades, acudió al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) para denunciar lo que calificaron de “despido injustificado”. Asimismo, solicitaron una entrevista con el magistrado presidente del TECA, Luis Reyes Marín, para que les informe de los beneficios a que tienen derecho, luego de ser cesados como servidores públicos. Apenas el miércoles anterior, el gobernador Javier Duarte anunció la disolución de esa corporación y destacó que la medida se aplicó con el propósito de atender “la demanda ciudadana que exige contar con una policía confiable, segura y capacitada que vele por la vida y el patrimonio de los veracruzanos”. Duarte también dijo que había solicitado el apoyo del Ejército y la Armada de México “para proceder a la revisión y requisa del armamento de los 837 elementos que conformaban la corporación, recogiéndoles sus credenciales y placas de la PIXT”. Sin embargo, este día el abogado de los despedidos criticó la medida y denunció que se dejó sin trabajo a más de 800 uniformados sin haber previamente aplicado un mecanismo de compensación o finiquito, como lo establece la Ley Federal del Trabajo (LFT). También consideró que se deberían establecer mesas de trabajo entre las autoridades y los afectados, ya que algunos de ellos estaban a punto de jubilarse. Los afectados, advirtió, “son muchísimos, ya que si multiplicamos su número por tres o cuatro, que son sus familiares, socialmente se podría generar un conflicto que puede tener consecuencias lamentables, pues estamos hablando de gente ruda, gente que estuvo armada y que se la puede jugar ¡sepa Dios cómo!”.