OAXACA, Oax. (apro).- Miles de maestros marcharon este día para recordar el quinto aniversario del movimiento magisterial-popular de 2006 y exigir castigo a los responsables de la represión. “Ni perdón ni olvido”, corearon los mentores encabezados por su secretario general, Azael Santiago Chepe, que se movilizaron del crucero de Viguera al zócalo capitalino, mientras que un millón 300 mil alumnos se quedaron sin clases. La movilización se realiza a cinco años del intento de desalojo del plantón que mantenían los maestros en el zócalo de la capital, con el objetivo de exigir atención a sus demandas económicas, sociales y educativas. En el mitin efectuado este martes en el zócalo de Oaxaca, el líder de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Santiago Chepi, cuestionó la campaña millonaria que se ha orquestado en los medios para “aniquilar al movimiento magisterial”. También lamentó que emerjan supuestas organizaciones civiles y pacíficas con la finalidad de confrontarlos, sin embargo, advirtió que están equivocados los que piensan eso porque “es mentira que exista un divorcio con la sociedad”. El secretario de Organización de la Sección 22, Gabriel López Chiñas, fue más contundente al exigir castigo al “más nefasto de los personajes”, el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz y a sus cómplices Jorge Franco Vargas, Bulmaro Rito Salinas, Heliodoro Díaz Escárraga, Lizbeth Caña Cadeza, José Manuel Vera Salinas, Manuel Moreno Rivas y Lino Celaya Luría, quienes “no sólo ordenaron reprimir, matar, desaparecer, sino que saquearon la entidad”. Además, se demandó la presentación con vida de los profesores Carlos Román René Salazar y Guadalupe Pérez Sánchez, desaparecidos en marzo y mayo, respectivamente. El representante del Comité de Familiares Desaparecidos y Asesinados de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (Cofadappo), Porfirio Muñozcano, cuestionó al gobierno de Gabino Cué porque a siete meses de iniciada su administración no ha dado resultados; al contrario, sigue actuando con las viejas prácticas del régimen autoritario. El Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Codigodh) destacó los pendientes del gobierno de transición: Castigo a los responsables de la represión en 2006, acciones concretas contra la impunidad, derecho a la verdad, política de atención a los derechos humanos con instituciones autónomas y alto a la criminalización de la protesta social. La ONG consideró que la falta de acceso a la justicia se encuentra muy arraigada en el estado, y las medidas adoptadas para procesar a los responsables de la represión en 2006, hasta hoy han sido nulas. Esto a pesar de que se siguen varias investigaciones y se han documentado varios casos de graves violaciones de derechos humanos. Más aún, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció la responsabilidad plena de Ulises Ruiz en la violación de garantías individuales. Aunque el gobierno del estado creó en marzo pasado una Fiscalía de Investigaciones en Delitos de Trascendencia Social, todavía está pendiente el nombramiento de un fiscal que cumpla con el perfil adecuado para garantizar investigaciones profesionales, imparciales y apegadas a la verdad y con una perspectiva de respeto a los derechos humanos. Por su parte el diputado local del Partido del Trabajo (PT), Flavio Sosa, entregó hoy a la mesa directiva del Congreso estatal una iniciativa de ley para crear una Comisión de la Verdad encargada de investigar los crímenes políticos cometidos por autoridades gubernamentales durante la represión al movimiento social durante los años de 2006 a 2007. La iniciativa de ley prevé crear un organismo público autónomo, independiente, con personalidad jurídica y patrimonios propios que operaría durante dos años. Estaría integrado por once comisionados, nombrados por la Cámara de Diputados a propuesta de la sociedad civil. La propuesta señala la necesidad de desarrollar un proceso de investigación que determine sin lugar a dudas quiénes fueron los responsables de los crímenes cometidos durante la represión al movimiento social, así como la identificación plena de cuántas y qué personas vieron vulnerados sus derechos. “La sociedad y sus instituciones están en la obligación de hacer lo que esté en sus manos para que el pueblo acceda a la justicia”, señala la exposición de motivos, pues sin ésta “no será posible la reconciliación entre los diversos sectores de la sociedad oaxaqueña”. En ese sentido, añade, “el primer paso para lograr la justicia es conocer la verdad de lo que sucedió en Oaxaca en 2006 y 2007”, en relación con la represión gubernamental al movimiento social de esos años, y esa es la necesidad social que quedaría cubierta con la creación de la Comisión de la Verdad.