Denuncian persecución política contra líder social en SLP

martes, 14 de junio de 2011
SAN LUIS POTOSÍ, SLP. (apro).- El líder del Movimiento del Pueblo Libre (MPL), Pedro Torres Esquivel, cumplió diez días de reclusión en el penal de La Pila, hecho que sus seguidores califican de “persecución política” del gobierno del priista Fernando Toranzo. Detenido en la víspera del paso de la Caravana por la Paz, que encabezó el poeta Javier Sicilia por esta entidad, Torres Esquivel es acusado de un supuesto abuso sexual a una mujer, según la averiguación judicial 90/2010 y el proceso penal 88/2011. Sin embargo, su esposa y los abogados defensores Enrique González Ruiz y Noé Yair López denunciaron la orquestación de una acusación del fuero común para encarcelar a un líder social que resulta incómodo al gobierno de Toranzo Fernández. En entrevista para Apro, González Ruiz sostuvo que, en los últimos años, acusaciones como sedición, daños a las vías u otro tipo de delitos del orden social ya no son utilizadas por el gobierno estatal, “porque tienen un costo público para sus personeros y se evidencia pronto el motivo político de la detención si es por un delito relacionado con su lucha social”. Por ello, agregó, “le han dado la vuelta y ahora quieren hacerlos pasar por delincuentes comunes. Y son muy socorridos delitos de índole sexual, fraude o despojo, que los desprestigian moralmente. A otros líderes sociales ya los han acusado antes con cosas de ese tipo”. Al detallar los hechos, los abogados refirieron que la orden de aprehensión en contra del líder del MPL –organización de gestión social para personas marginadas-- fue girada desde marzo del 2010; es decir, 15 meses atrás sin que se hubiera cumplimentado, a pesar de que Torres es un hombre que hace vida pública y acude cotidianamente a distintas oficinas del gobierno del estado. El asunto se manejó desde el Ministerio Público adscrito a la Mesa V Investigadora Central, y no desde la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Sexuales, como debió haberse conducido el caso, resaltaron los abogados. El asunto llegó a la juez sexto de lo penal, Juana María Castillo Ortega, quien también ha llevado las acusaciones en contra de otros líderes sociales, como Epifanio Sánchez, de los recolectores de basura, dijeron. Además, la acusación surgió de un grupo de mujeres que formaron parte del MPL desde el 2005, quienes por diferencias abandonaron la agrupación en el 2007 y desde entonces mantuvieron un enfrentamiento. La esposa de Torres, Consuelo Leija, aseguró que el grupo de mujeres amenazó al dirigente y conformó una agrupación disidente. Describió cómo el 3 de junio –un día antes del arribo de la Caravana por la Paz a San Luis-- un contingente de más de 50 policías ministeriales irrumpieron en la casa de la familia en Camino a Cerro de San Pedro y sacaron a Torres con golpes y amenazas, además de que uno de los elementos golpeó con un arma a su hijo de once años. “En ningún momento nos mostraron una orden de aprehensión, rompieron la puerta y la tumbaron con un polín, ni siquiera se identificaron como ministeriales”, protestó la mujer. Esta demostración de violencia excesiva, a decir del abogado González Ruiz, es más bien “con un afán intimidatorio para la gente del movimiento; les manda un mensaje. Es un acto de represión política, que es lo que ha caracterizado al gobierno de (Fernando) Toranzo”, aseveró. “Según las evidencias que tenemos, se trata de un montaje. La propia esposa y su hija, personas cercanas a él, avalan su conducta. Se trata de una acusación política, buscando otro tipo de caminos para que sea más fácil denostar y descalificar a los luchadores sociales”, insistió González Ruiz. El abogado recordó que hace un año, ya en el sexenio de Toranzo, se encarceló a la dirigente del gremio de burócratas Francisca Reséndiz, quien posteriormente obtuvo su libertad. “El gobierno ha endurecido su postura; le sacarán otras acusaciones pendientes, amenazas o delitos del mismo tipo para impedir que salga”, advirtió. Por esta detención, el Movimiento del Pueblo Libre instaló un plantón en la Plaza de Armas, y también acudió a protestar a las afueras del Centro de Readaptación de La Pila pues, aseguraron los quejosos, el dirigente de la organización ha sido amenazado que será agredido en el interior, por lo que temen por su integridad física.