CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Sin discusión y por unanimidad, el pleno del Congreso local aprobó la Ley de Asociaciones Público-Privadas para el estado de Guerrero, que permite la inversión privada en obras y servicios públicos. Previo a la votación, el diputado perredista Sebastián de la Rosa Peláez consideró que la medida debió haberse sometido a consulta popular, porque a pesar de que el esquema de financiamiento de obra pública resuelve el problema de infraestructura “en el corto plazo”, el presupuesto estatal o municipal –agregó– será hipotecado “hasta por 25 años” para garantizar el pago de los desarrolladores. Pese a ello, los 46 diputados locales aprobaron el reglamento sobre los esquemas de financiamiento público-privado –denominados Proyectos de Pagos por Servicios (PPS)–, en medio de una protesta de militantes perredistas y petistas, quienes se manifestaron afuera de la sede del Congreso local para rechazar la medida, a la que consideraron “privatizadora”. De la misma manera que lo hicieron este miércoles, el pasado viernes 10, los 46 diputados locales aprobaron las reformas a la Constitución Política local que permiten este tipo de esquemas financieros, y ahora sólo falta la aprobación de la mayoría de los 81 ayuntamientos de Guerrero para que entre en vigor el proyecto impulsado por el exgobernador Zeferino Torreblanca. Durante la sesión de este miércoles, la última del periodo ordinario, el diputado perredista Carlos Álvarez Reyes, a quien se considera el operador político de Torreblanca, fundamentó su voto al señalar que la participación directa de la iniciativa privada en la obra pública es el mecanismo más viable para salir del rezago en infraestructura que persiste en la entidad, “simplemente porque el presupuesto estatal para este rubro es insuficiente”, dijo. No obstante, su correligionario Sebastián de la Rosa señaló que los términos en que se aprobó la iniciativa no satisfacen las expectativas de la sociedad, porque existen “lagunas legales” que representan un riesgo a la hora de adquirir deuda pública. En respuesta, el coordinador de la fracción del PRI, Héctor Vicario Castrejón, señaló que la entidad no puede sustraerse del "desarrollo y la modernidad" que representa el esquema de financiamiento público-privado, que además –añadió– ya se aplica en otras entidades del país. A nombre de la fracción panista, el diputado Ramiro Jaimes expresó que la nueva ley evita que la entidad "se vuelva una bolsa de recursos económicos" para los desarrolladores, porque los proyectos deberán justificar la viabilidad de la obra que se pretende ejecutar. Antes de la votación, militantes del PRD y el PT, así como integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se pronunciaron por segundo día consecutivo contra los PPS, y amagaron con promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte en caso de que fuera aprobada, como sucedió. En entrevista, afuera de la sede legislativa, el diputado federal Filemón Navarro Aguilar (PRD) afirmó que la ley aprobada este miércoles “protege al inversionista”, y en lugar de generar obra social “sólo dejará deuda pública”. Navarro calificó de “deplorable” la actitud de la fracción del PRD en el Congreso local, ya que –dijo– está avalando un proyecto que no beneficia a la sociedad, y en Guerrero, por el alto nivel de marginación y pobreza, añadió, no se justifica la privatización de los servicios. Contrario a ello, apuntó, las autoridades deben garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios como un derecho y “no como una mercancía”. Y agregó que el PRD no debe sentirse comprometido con los espacios que el gobernador Ángel Aguirre Rivero le otorgó en la administración estatal, ya que el partido participó en la anterior contienda para generar cambios, no “para buscar espacios”. De su lado, el exdiputado local perredista Ernesto Payán Cortinas señaló que el movimiento opositor a los PPS impulsará en los 81 municipios el rechazo de la mayoría de los ayuntamientos a la ley aprobada en el Congreso local. Además, secundó a Navarro al manifestar que la dirigencia estatal del PRD y sus diputados locales demuestran “un extravío ideológico”, porque anteriormente se oponían a la iniciativa y ahora la avalan plenamente, con lo que demuestran “que existe un gobierno impulsado por la izquierda que administra como la derecha”.