Propone el gobernador de Veracruz tipificar feminicidio

jueves, 16 de junio de 2011
JALAPA, Ver. (apro).- Con el propósito de establecer las bases para una investigación efectiva en el caso de homicidios de mujeres, el gobernador Javier Duarte planteó reformas para tipificar el feminicidio y sancionarlo con 40 a 70 años de prisión. A través de una iniciativa de reforma al Código Penal, propuso también adicionar facultades a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para especializar a su personal y formalizar la obligación del Poder Judicial de contar con jueces y magistrados especializados en violencia de género. En la iniciativa, que fue turnada a las comisiones unidas de Equidad, Género y Familia, de Procuración de Justicia, de Derechos Humanos y de Justicia y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen, se plantea tipificar el feminicidio que en la legislación actual se considera como delito común. En este sentido, se señala que comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, priva de la vida a una mujer y exista, o haya existido, una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, noviazgo o cualquier relación de hecho o amistad. Además, este delito será tipificado cuando exista, o haya existido, una relación laboral, escolar o cualquiera otra que implique confianza, subordinación o superioridad y la victima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. En la propuesta se subraya que también se considerará el delito de feminicidio cuando a la víctima le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previamente a la privación de la vida, o se realicen marcas infamantes o degradantes sobre el cadáver o éste sea mutilado. En esto caso, también se incluirán antecedentes de amenazas, acoso o lesiones del sujeto activo contra la víctima. Asimismo, cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público o ésta haya sido incomunicada. “La sanción para quienes incurran en el delito de feminicidio van de 40 a 70 años de prisión”, y se incluye la indemnización del daño material y moral causado, así como el pago de los tratamientos que sean necesarios para la recuperación de la salud física y mental de la víctima. De acuerdo con la iniciativa, se establece que el juez o el Ministerio Público podrán imponer medidas precautorias como la exhibición de una garantía económica, la prohibición de salir del país, de la localidad en la que reside, de vigilancia de una persona o institución determinada que informe regularmente al juez, entre otras. En su iniciativa de decreto, el titular del Ejecutivo estatal consideró que la obligación de contar con mecanismos para atender, prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, en todos los ámbitos de concurrencia, ha permitido incidir de manera determinante en las agendas de los gobiernos. Por lo que, a través de estas reformas, se busca tipificar y sancionar severamente el feminicidio, fortalecer el marco jurídico para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres, así como garantizar los derechos de las víctimas y su acceso a la justicia. También se buscan generar condiciones que eliminen todas las formas de discriminación contra las mujeres, se haga efectiva la igualdad de género y, en general, fortalecer el régimen jurídico de defensa y garantía de los derechos de las mujeres. Recordó que, de acuerdo con las comisiones especiales del feminicidio, “en Veracruz mil 737 niñas y mujeres han sido asesinadas dolosamente en el periodo de 2000 al 2010”, sin embargo, refirió que la fuente más confiable en torno a la incidencia de muertes violentas en las mujeres son las estadísticas del INEGI. Al respecto, mencionó que en el último registro de estadísticas vitales del INEGI, en 2009 en Veracruz se registraron 101 casos de muertes de niñas y mujeres con presunción de homicidios, “colocando a nuestro estado en el lugar número 15 en el conjunto de las entidades federativas”. La tendencia de casos ha ido en aumento, ya que en 2007 se presentaron 44 casos y en 2009 éstos crecieron a 101, es decir, “se trata de un problema creciente en nuestro estado, ya que de 1985 a 2009 se ha privado de la vida a mil 456 mujeres desde la infancia temprana hasta la vejez”, precisó.

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