Facultan a SSP de Quintana Roo para perseguir delitos

viernes, 17 de junio de 2011
CHETUMAL, Q. Roo. (apro).- Por unanimidad, el Congreso local aprobó hoy la nueva Ley de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo, mediante la cual se confiere a la Secretaría de Seguridad Pública estatal la facultad de perseguir delitos, instrumentar acciones de inteligencia y detener a delincuentes, con base en instrucciones de la autoridad ministerial. De acuerdo con los legisladores, la iniciativa enviada por el gobernador Roberto Borge Angulo es una medida urgente en la lucha contra la delincuencia. En su texto, el mandatario estatal argumentó que para su administración, el tema de la seguridad pública es una prioridad, y por ello la necesidad de reorganizar la normatividad para soportar la lucha contra la delincuencia con instituciones fortalecidas. Explicó que para tal objetivo se requiere incorporar criterios de coordinación institucional, eficiencia organizacional, transparencia administrativa y participación ciudadana, así como ampliar las atribuciones y competencias de las instancias policiacas. La nueva reglamentación armoniza la legislación estatal con las reformas que en materia de seguridad pública se hicieron en junio de 2008 a la Constitución federal. Y así, con la nueva ley, además de sus tareas preventivas, la Secretaría de Seguridad Pública del estado tendrá ahora facultades para la investigación y persecución de delitos. Además, se busca una coordinación más efectiva de la dependencia –encabezada por el general retirado Carlos Bibiano Villa Castillo– con las instancias federales y municipales para optimizar su misión. Asimismo, se considera el tema de Desarrollo Policial, que comprende el Servicio Profesional de Carrera Policial, los esquemas de profesionalización y la certificación de los elementos policiacos a través de un Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. Y más: incluye la figura del Consejo de Honor y Justicia Policial, que se encargará del procedimiento para la aplicación de sanciones administrativas en contra de los malos elementos. También prevé la participación comunitaria en los procesos de evaluación del trabajo policial, y establece una regulación para el ingreso de recursos destinados a la seguridad pública, tanto estatal como municipal, provenientes de la Federación.

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