Acusan a dos legisladores del PRI del despojo de 400 hectáreas en Jalisco

martes, 28 de junio de 2011
GUADALAJARA, Jal. (apro).- Indígenas de la comunidad El Rosario, municipio de Tonalá, acusaron al senador por Jalisco, Ramiro Hernández García, y al diputado federal Jorge Arana Arana –ambos del PRI--, de haber despojado, en complicidad con funcionarios del ayuntamiento, 400 hectáreas a 300 familias. En conferencia de prensa, Octavio Cruz Espinoza, líder de los indígenas agraviados, denunció que también están implicados en el despojo el exalcalde de Tonalá y actual director de catastro de ese municipio, Marcos Arana Cervantes, así como el titular del Consejo de Planeación Municipal (Coplademun), Gerardo Esquivias, y el exfutbolista Adrián Pajarito. Acompañado por varios de los afectados, Cruz Espinoza explicó que el despojo inició cuando el actual diputado Jorge Arana fue presidente municipal de Tonalá, en el trienio 1997-2000, y solapó las maniobras del senador Ramiro Hernández García, quien “se hizo de terrenos en La Floresta” Estas acciones ilegales, aseguró el líder indígena, continuaron con el exalcalde Marcos Arana y el titular de la Colademun, Gerardo Esquivias, quienes “registran títulos espurios y solapan invasiones”, mientras que el exfutbolista Pajarito, se apropia de los terrenos. La comunidad indígena El Rosario tiene una superficie de mil 146 hectáreas, 400 de las cuales les quieren quitar los legisladores priistas, dijo Cruz Espinoza. El representante de los agraviados se quejó de que ninguna de las casi 300 denuncias que han interpuesto por estos hechos ha prosperado, debido a la “colusión de estos funcionarios”. Argumentó que ellos tiene la posesión “desde hace siglos”, pues poseen un título virreinal de 1794 en el que se definen los polígonos y colindancias. Señaló que la depredación no ha respetado ni humedales, ni arroyos; incluso denunció que en los terrenos que les pertenecen se construyeron, con el solapamiento de las autoridades, dos tiendas de autoservicio, así como diversos proyectos inmobiliarios. La mayoría de las familias afectadas se dedican a la artesanía y sacaban el barro de las tierras invadidas, por lo que ahora tienen que buscar otra manera de conseguir el material o, de plano, algunos se han cambiado de trabajo. Para vivir han tenido que buscar alojo con parientes o rentar cuartos en malas condiciones, dijo el líder indígena. “El pueblo está cansado”, sentenció. Cruz Espinoza señaló que el 27 de mayo de 2005, el Tribunal Agrario del Distrito 15 les dio la razón en un juicio de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales a favor de los indígenas de El Rosario, con expediente 198/97. Sin embargo, “las irregularidades e injusticias persisten”.

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