TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) acusó al gobierno de Chiapas de utilizar indebidamente al sistema judicial “para lograr fines políticos”, en el caso del líder campesino Erick Bautista Gómez, preso en la cárcel de Tapachula. En un comunicado, la organización señaló que “a todas luces” Bautista Gómez “es inocente” del asesinato de una mujer cometido en noviembre de 2008, pues nunca estuvo en el lugar de los hechos. Denunció que el gobierno de Chiapas que encabeza Juan Sabines Guerrero le ha negado a Bautista Gómez, miembro del Movimiento Obrero Campesino Revolucionario Independiente-Coordinadora Nacional Plan de Ayala (MOCRI-CNPA), su “derecho a un juicio justo”. En el documento dirigido al procurador de Justicia de Chiapas, Raciel López Salazar, AI expresó su preocupación por la situación que enfrenta Bautista Gómez, pues se le pretende adjudicar el “lamentable” homicidio de una persona. Javier Zúñiga García Borja, asesor especial del programa regional del AI, dijo que analizaron todas las pruebas presentadas por la PGJ de Chiapas en contra de Bautista Gómez y las que él presentó para argumentar su inocencia. Después de leer el expediente penal de su caso, afirmó, AI se ha dado cuenta de las graves irregularidades que se han registrado durante su proceso penal. Relató que Bautista Gómez denunció tortura y malos tratos durante su arraigo y nadie hizo caso, además de que el Ministerio Público, en connivencia con el juez, violó sus derechos fundamentales al negarle el derecho a defenderse tras ser acusado por el crimen de Martha Gómez Pérez, acribillada a tiros la mañana del 11 de noviembre del 2008. Bautista Gómez fue detenido el 7 de abril del 2009; sin embargo, cuando ocurrió el homicidio, éste se encontraba en otro estado; su detención, denunció AI, se efectuó luego de que los líderes locales del MOCRI-CNPA eran perseguidos por el gobierno chiapaneco. Para AI, es claro que Bautista Gómez fue obligado bajo tortura a declararse confeso de un crimen que nunca cometió y que su captura fue ordenada en represalia por ser vocero de una organización perseguida por el gobierno de Chiapas. El caso de Bautista Gómez es el más claro ejemplo del “uso indebido del sistema judicial para lograr un fin político”, por lo que urgió al gobierno del estado a garantizar un “juicio justo”, en el que las pruebas que él detenido ha aportado a su favor sean tomadas en cuenta.