JALAPA, Ver. (apro).- El Congreso del estado aprobó por unanimidad la ley para el otorgamiento de beneficios a deudos de los miembros de instituciones de seguridad pública del estado caídos en cumplimiento de su deber, con la entrega de pensiones con retroactividad al 1 de diciembre de 2010. En sesión extraordinaria, esta noche el pleno legislativo aprobó la iniciativa de ley del gobernador Javier Duarte enviada al Congreso local en enero pasado, mediante la cual se establece el otorgamiento de pensiones trimestrales de 420 salarios mínimos, vivienda y becas a los hijos en edad escolar de los agentes caídos. Con este nuevo ordenamiento legal se otorgaran dichos apoyos a los familiares de los caídos en cumplimiento de su deber y que prestaban sus servicios en materia de seguridad pública, procuración de justicia, sistema penitenciario y otras dependencias del ramo en los ámbitos estatal y municipal. De acuerdo con la ley aprobada por los grupos legislativos del PAN, PRI, PRD—Convergencia y Nueva Alianza, las pensiones se otorgarán a través del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), aunque se establece que para ello no se utilizarán los recursos del organismo ni de sus reservas técnicas. En este caso, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), deberá realizar en un plazo no mayor a 60 días, la redistribución presupuestal y reasignación de partidas necesarias para contar con la previsión financiera para dar cumplimiento a esta medida. En tanto, se precisa que para el ejercicio fiscal de 2012 se deberá incluir esta partida en el proyecto de egresos del gobierno del estado y en el de los siguientes años para poder cumplir con lo establecido en la nueva ley. Los beneficiarios de esta ley son el o la cónyuge, la concubina o concubinario, los hijos solteros menores de 10 años o mayores de esta edad que comprueben estar realizando estudios hasta concluir su carrera. Endurecen penas contra la evasión de reos Por otra parte, se aprobaron también reformas al Código Penal del estado mediante las cuales se elevan las penas por el delito de evasión de presos con la finalidad de que los responsables de los penales no puedan obtener libertad bajo fianza. A través de estas reformas, se plantea imponer de 4 a 10 años de prisión y multa hasta de 300 días de salario a quien ponga en libertad o favorezca la evasión de una persona que se encuentre privada de su libertad por orden de un juez. En el dictamen de la iniciativa de ley enviada por el titular del Ejecutivo estatal, se señala que también se impondrán de 5 a 15 años de prisión y multa hasta de 400 días de salario, cuando el evadido se encuentre procesado o este sentenciado por la comisión de un delito grave.