JALAPA, Ver. (apro).- La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) investiga a los usuarios de 16 cuentas de Twitter por su probable responsabilidad en el delito de “terrorismo” por haber propagado falsos rumores de ataques en escuelas públicas de la zona Veracruz-Boca del Río. El titular de la PGJ, Reynaldo Escobar Pérez, afirmó en una entrevista que algunas cuentas ya desaparecieron y otras más borraron sus historiales, después de que se difundió que la PGJ actuaría con todo el peso de la ley contra quienes hicieran “mal uso” de las redes sociales para hacerles daño a los veracruzanos. Por su parte, la PGJ dio a conocer que  las cuentas que iniciaron los falsos rumores fueron: @nadia_gc y @pacopre. El resto de las cuentas en dicha red social bajo indagatoria son: @gilius_22, @nadia_gc, @balaceraver, @chingadanews, @titan1366, @maruchibravo, @veracruzanos1960, @rafaelcruzr, @o_omyz, @wartsial, @informer_1, @spartacusvera, @gerardo_guz, @vic_macarroco, @angjarosh, @jacko1626. A su vez, el gobernador Javier Duarte negó que el proceso penal iniciado contra los cibernautas que el jueves difundieron rumores de supuestos atentados en planteles educativos, represente un ataque a la libertad de expresión. Entrevistado en torno a las crÍticas surgidas contra el gobierno estatal en torno a esta medida, Duarte subrayó: “No hemos censurado jamás a un medio de comunicación en las acciones que hemos tomado, siempre de cara, de frente a la sociedad nosotros hacemos lo que nos corresponde”. No obstante a que por la mañana, a través de su cuenta de Twitter, Duarte aseguró que todas las escuelas de la zona turística Veracruz-Boca del Río habían iniciado labores con normalidad y sin ningún incidente, “pues los niños y jóvenes están en clases”, lo cierto que hubo un gran ausentismo en las aulas. Por la mañana, el titular de la Secretaría de Educación en Veracruz (SEV), Adolfo Mota, realizó un recorrido por varios centros educativos y aseguró ante medios de comunicación que las clases se habían “iniciado con normalidad”. Dijo que las autoridades estatales actuaron “bajo el principio de que no ha habido un hecho que ponga en riesgo la integridad física de los alumnos”.