PUEBLA, Pue. (apro).- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) propuso al Congreso de la Unión un punto de acuerdo para exigir al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas la suspensión total de la construcción del viaducto Ignacio Zaragoza, por considerar que pone en riesgo el paisaje y la identidad cultural del Centro Histórico de Puebla, además de ser una obra abusiva, opaca e incompleta. La diputada federal Leticia Quezada Contreras presentó el escrito ante la Comisión Permanente; en él propone que, además, el mandatario poblano acceda a entablar una mesa de diálogo para escuchar a los sectores sociales que se oponen a esa obra, entre los que se encuentran académicos, especialistas y colonos que serían afectados por esta nueva vía. “Exhortamos al titular del Poder Ejecutivo de Puebla, licenciado Rafael Moreno, a suspender totalmente la obra denominada viaducto calzada Ignacio Zaragoza, la cual ha generado inconformidad de un amplio sector social de Puebla y del país”, expone el PRD en la iniciativa de punto de acuerdo. “Lo anterior, hasta que se cuente con los estudios de impacto urbano, ambiental, permisos y autorizaciones emitidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y los que sean requeridos por la normatividad vigente; asimismo, exista un convencimiento pleno de su viabilidad o bien su desestimación”. En el escrito se hace referencia a la denuncia que hicieron a principios de este mes investigadores del INAH en relación a que el viaducto Zaragoza se realiza sin contar con la licencia expedida por ese Instituto, misma que se otorga o niega una vez que se hace el análisis científico y técnico de cualquier proyecto que afecte un Centro Histórico. “La construcción de la obra vial se viene impugnando, pues ha violado lo previsto en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas y Culturales, ordenamiento jurídico federal que protege normativamente el Centro Histórico de Puebla”, precisa. El PRD agrega que, en los hechos, la construcción de este viaducto que se tiene proyectado como un segundo piso vial, desconoce el hecho de que Puebla es una zona de monumentos históricos, que fue declarada por la Unesco como Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. “La obra de construcción es visualizada por amplios sectores sociales como una intervención abusiva en términos arquitectónicos y urbanísticos, que afectará irremediablemente el paisaje urbano con la consecuente destrucción de su identidad y belleza, teniendo como daño colateral la alteración injusta de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Puebla”, añade. Destaca que en el caso de los Barrios de San José y San Antonio, podría perderse la perspectiva visual que ha permanecido durante cuatro siglos y medio. “Una obra de esta naturaleza impediría, por la vía de los hechos, conocer testimonios arqueológicos valiosos no sólo para Puebla, sino para el país en su conjunto, aunado a ello, las construcciones viales elevadas que se proyectan conllevarían mayores grados de vibración que, sin duda, dañaran en lo inmediato la zona de monumentos históricos”, menciona. Además, expone que otra de las inconformidades reside en la opacidad que privó en el procedimiento de licitación de esa vía, “lo incompleto del expediente técnico del proyecto, el  incumplimiento del principio constitucional de máxima transparencia en la gestión pública, circunstancia que ha impedido a la ciudadanía conocer los impactos ambientales, económicos, sociales y culturales de la obra”. Director del INAH rechaza diálogo con académicos Por su parte, el director del INAH, Alfonso de María y Campos, se negó a entablar un diálogo con el grupo de especialistas y académicos que han reclamado que la institución proceda a clausurar la construcción del viaducto Zaragoza, debido a que no cuenta con la licencia que exigen las leyes, expedida por el instituto. En su lugar, los académicos, que habían enviado dos escritos al director del INAH para pedir una audiencia, fueron informados que serían atendidos por la titular de la Coordinación Jurídica, Socorro Villarreal. “Con ello el director del INAH cierra toda posibilidad de diálogo y prevé la vía jurídica para responder a nuestras demandas”, consideró el doctor en historia Francisco Cervantes Bello, miembro del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades "Alfonso Vélez Pliego", de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Además, relató que a través de periodistas locales se enteraron que la Secretaría de Gobernación del estado difundió la versión que el gobernador Rafael Moreno Valle estaba enojado con los opositores y había ordenado el despido de los investigadores del INAH que denunciaron que el gobierno carecía de licencia del instituto para construir. A través de mensajes por internet se propagó la versión de que el gobierno del estado emprendería también medidas represivas contra los académicos, en su mayoría de la Universidad Autónoma de Puebla.