JALAPA, Ver. (apro).- Agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) detuvieron a los exalcaldes de Tuxpan Y Las Choapas, el priista Juan Ramón Gánem, y el panista Antonio Pouchulen Cárdenas, por el presunto delito de daño patrimonial. El exalcalde de Tuxpan en el trienio pasado fue detenido en su domicilio particular la tarde del pasado martes 30, luego de iniciarse la causa penal 161/2011 por el presunto desvío de 20 millones de pesos en agravio del erario de ese ayuntamiento del norte de la entidad. Al exedil de Las Choapas se le giró orden de aprehensión por el desvío de 15 millones; junto con él fueron detenidos esta madrugada el extesorero Sergio López y los exregidores Luis Coyac y Julián Jiménez. La captura de ambos exalcaldes derivó de una denuncia presentada en su contra por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) ante la PGJE. En enero pasado, la PGJE giró 155 órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios que incurrieron en daño patrimonial en sus respectivos municipios en las cuentas públicas de los ejercicios fiscales que comprenden de 2004 a 2008. En su momento, el Orfis denunció ante la PGJE a diversas autoridades municipales, sobre todo de ayuntamientos pequeños, que incluyó a exalcaldes, exsíndicos y extesoreros, por el presunto delito de daño patrimonial. Entre ellos destacan exautoridades de Mecayapan, Texistepec, Benito Juárez, Uxpanapa, Tlacojalpan, Acula, Otatitlán, Tres Valles, Zacualpan, Las Minas, Nautla, Aquila, La Perla, Tuxpan y Las Choapas, por irregularidades financieras en sus cuentas públicas. Ante ello, el integrante de la Comisión de Hacienda Municipal, el diputado perredista Rogelio Franco Castán urgió a las autoridades a acelerar los procesos judiciales iniciados en contra de los exediles veracruzanos, ya que a la fecha sólo 13 presuntos responsables han sido detenidos. Además, recordó, han sido detenidos los exalcaldes de San Andrés Tuxtla, Adán Sosa; de Coxquihui, Juvencio González; de Tecolutla, Fernando Hernández, y el de Camarón de Tejeda, Amasio Rodríguez, así como los exsíndicos y extesoreros esos mismos ayuntamientos. Consideró que las órdenes de aprehensión se deben ejecutar sin distingo partidista, “ya que la ley se debe aplicar a todos los exediles que dejaron en pésimas condiciones las arcas municipales ante el desvío millonario de recursos públicos”.