VILLAHERMOSA, TAB. (apro).- Los defensores de migrantes centroamericanos, fray Tomás González Castillo y Rubén Díaz Figueroa, denunciaron ante las procuradurías generales de la República (PGR) y de Justicia del Estado (PGJE) amenazas y agresiones que sufrieron el sábado 17 a manos de militares, policías estatales y uniformados de Tenosique. Los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Izquierdo y Samuel Villicana León, acompañaron a los activistas a presentar las quejas en las agencias de PGR y PGJE en Tenosique, donde ocurrieron los hechos, demanda que también se hizo llegar a la propia CNDH. Díaz Figueroa, del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta y colaborador de Amnistía Internacional (AI), relató a Apro que el sábado anterior, alrededor de la cinco de la tarde, tres mujeres de la organización civil Indignados de Mérida estaban comprando colchas para retornar a esa ciudad, por lo que él y fray Tomás esperaban en una camioneta. De pronto, pasó una camioneta del Ejército, se estacionó y de ella descendieron tres elementos que empezaron a gritarles a los activistas que eran “sospechosos”, que se bajaran del vehículo y se identificaran. Fray Tomás cuestionó: “¿Sospechosos de qué?, ¿por qué esa prepotencia?”, y acto seguido se identificó como defensor de los derechos humanos y coordinador del albergue Migrantes de la 72, en Tenosique, explicación que irrita a los militares, quienes insisten en tacharlos de “sospechosos” y exigen revisar el vehículo. El religioso responde que no están facultados para eso; entonces, los militares llaman a la policía municipal que, momentos después, llega con elementos estatales y rodean la camioneta, cercada también por el Ejército. “Un policía me pegó una bofetada en la cara y me dice: ‘Le vamos a enseñar a respetar y los vamos a bajar, pinche cabrón’. Luego cuestionan a Fray Tomás: “¿Qué escondes?, bájate y déjate revisar”. Así, por casi cuatro horas, “estuvieron intentando bajarnos, intimidándonos”, recuerda Figueroa. Más tarde, llegó una persona a bordo de una Ford blanca con placas de Nuevo León, vestido de civil. Baja del vehículo “y, de forma prepotente, le dice a los soldados y a la policía: ‘revisen a esos cabrones, bajen a esos pendejos’”. Fray Tomás protesta y el desconocido amenaza: “Al ratito voy a romperte tu madre, pinche indio, vas a ver y te voy a rajar la madre”. El religioso replica: “Nos estás amenazando”. Y el sujeto responde: “Aquí no hay ninguna amenaza, nadie escuchó nada, aquí nadie es testigo”, mientras que los soldados evitaron contrariarlo. Atemorizados, los activistas empezaron a establecer contacto con redes sociales, medios de comunicación y grupos de derechos, acción que permitió conocer lo que estaba sucediendo. Se estableció contacto con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Tabasco y ésta ordenó el retiro de la policía estatal, pero a continuación llegaron más agentes municipales “fuertemente armados y, con prepotencia, nos exigían bajáramos de la camioneta por órdenes del Ejército. “Así estuvimos más de tres horas y media, con los uniformados “apuntándonos con las armas”, recuerda Rubén Figueroa. Sin embargo, al conocerse los hechos empezaron a recibir llamadas del poeta Javier Sicilia, de funcionarios de la CNDH y de medios de comunicación. “Fueron momentos de angustia, miedo, desesperación y coraje”, relata. Finalmente, acudieron funcionarios de la CNDH, sin embargo, el alcalde perredista de Tenosique, Raúl Gutiérrez Cortés, “totalmente borracho, dijo que iba a mediar entre los soldados, policías y con nosotros, y definitivamente no hizo nada”. Luego, los enviados de la CNDH dialogaron con los militares “y ahí fue que éstos desistieron y se retiraron; posteriormente lo hizo la policía”. Figueroa refiere que en días recientes Amnistía emitió un alerta por las amenazas de muerte que ha recibido fray Tomás González, a través de llamadas telefónicas, hecho que también se denunció ante Sicilia cuando el escritor estuvo en Palenque, Chiapas, durante el recorrido de la Caravana del Sur. La senadora perredista por Tabasco, Rosalinda López Hernández, condenó las agresiones a los defensores de migrantes y recordó que, desde hace dos meses, ha venido advirtiendo sobre las amenazas que han recibido miembros del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta. Ante esta situación, la senadora pidió a la CNDH solicite urgentemente nuevas medidas precautorias o cautelares en favor de los activistas. Asimismo, demandó a la Secretaría de Gobernación (Segob) salvaguardar y proteger la integridad de los defensores de migrantes, ya que, alertó, de acuerdo con informes de la CNDH, unos 27 activistas fueron asesinados en el país entre enero de 2005 y mayo pasado.