OAXACA, Oax. (apro).- El encarcelamiento de nueve indígenas, entre ellos siete mujeres, por llevar consigo cuatro mil huevos de tortuga, revivió en esta entidad la discusión de reclasificar aquellos delitos graves que forman parte de usos y costumbres de las comunidades étnicas. Este jueves, el titular del Juzgado VII de Distrito con sede en Salina Cruz dictó auto de formal prisión a los nueve indígenas de la etnia huave de Santa María del Mar, por lo que fueron recluidos en el Centro de Readaptación Social de Tehuantepec, según consta en los expedientes 171/2011 y 172/2011. El delito de posesión y transporte de huevos de tortuga marina con fines de comercio, tipificado en el artículo 420, fracción IV, último párrafo del Código Penal Federal, es considerado grave por lo que ninguno de los nueve procesados alcanza libertad bajo fianza. El delito está penalizado con penas de entre seis meses y seis años de prisión y una multa económica de entre mil y 20 mil días de salario mínimo vigente. Los detenidos son: Cristina María Rivera, Concepción Mateo Martínez, Marlene Maldonado Martínez, Soledad Mateo Martínez, Esther Martínez Marín y Elia López Martínez, así como César Mateo Castillo. Todos ellos se encuentran procesados en el expediente 171/2011, mientras que el caso del taxista Hermilo Ramírez Carrasco y Celia Ampudia quedó asentado en el expediente 172/2011. Respecto a la detención y formal prisión, el secretario de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado, Adelfo Regino Montes, consideró que “hay una profunda iniquidad en el sistema de justicia en el país porque en muchos de los casos hay ciertas prácticas de los pueblos indígenas que son, incluso, más penalizadas y más castigadas que hechos delictivos como los que se han cometido aquí en el estado”. Citó el caso del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, que es acusado de un quebranto patrimonial superior a 3 mil 687 millones de pesos; y los delitos que se le imputan a 32 de sus excolaboradores por ejercicio indebido de atribuciones, abuso de autoridad y peculado, los cuales no son transgresiones graves. Insistió en que en derecho positivo “hay un juzgamiento desproporcionado contra quienes menos tienen, ya que a quienes viven en situación de exclusión y marginación se les carga la mano y a quienes ha robado el erario de Oaxaca y han quebrantado el patrimonio de los oaxaqueños, y nos han dejado en la desolación económica, permanecen en la más absoluta impunidad y se pasean como si fueran gente decente”. El funcionario estatal destacó que “estas son las cuestiones que se tienen que ir revisando en materia legislativa y penal porque, desde la cultura indígena, hay actividades que no necesariamente deben considerarse delictivas”. Recordó que en el norte del país el peyote es un elemento cultural simbólico de los pueblos indígenas, como lo son los hongos sagrados o alucinógenos entre los mazatecos, los mixes y los chinantecos que utilizan ese producto para sus ritos y ceremonias, y que dio a conocer mundialmente María Sabina. “En el caso de los huaves o los zapotecos del Istmo, los huevos de tortuga y las iguanas son elementos que forman parte su gastronomía tradicional y no veo que se haya puesto en riesgo este tipo de elementos naturales porque no hay un exterminio, sino que la gente entiende que es parte de su cultura”, puntualizó. Por su parte, la procuradora del indígena, Bertha Ruth Arreola Ruiz, declaró que en comunidades como Santa María del Mar el consumo de huevos de tortuga o de iguanas es parte de su gastronomía, son productos de autoconsumo. Ahora, dependerá de la habilidad del defensor público federal para demostrar que no había fines de comercio y que los indígenas cometieron un error de prohibición como resultado del desconocimiento de los alcances de la ley. Resaltó que desgraciadamente los indígenas caen en flagrancia del delito en lo que toca a la posesión de huevos de tortuga, iguanas y de productos de la misma naturaleza, como el corte de madera, de leña, porque son parte de su cultura o por la falta de empleo o las mismas condiciones de pobreza, por lo cual instó a los legisladores a reflexionar y encontrar los mecanismo legales que no permitan que se prive de la libertad a estas personas que por ignorancia cometen el delito. En tanto, el procurador general de justicia del estado, Manuel de Jesús López López, manifestó que es necesario hacer un llamado a los congresos de la Unión y del estado, así como a las instancias que tienen que ver con la política criminal de un país para definir qué es lo que se va a  considerar delitos graves y los que no. “Una experiencia en el estado es que todo queremos criminalizar hasta lo que tiene que ver con lo civil; es una práctica indebida”, recriminó. Mencionó que en los últimos años se ha dado una política penal verde para sancionar administrativamente con la ley de equilibrio ecológico y endurecer las penas al tráfico de especies, consumo de huevos de tortuga e iguanas, sin embargo, tendría sus reservas con las poblaciones indígenas por sí hay desconocimiento de la ley o es parte de su cultura.