PUEBLA, Pue. (apro).- El Congreso local acordó revocar el mandato del presidente municipal de Tlatlauquitepec, Porfirio Loaeza Aguilar, debido a irregularidades supuestamente cometidas en el mismo ayuntamiento durante su gestión anterior (de 2005 a 2008). En sesión extraordinaria, con 34 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, el Congreso poblano también determinó que Loaeza Aguilar fuera inhabilitado para cualquier cargo público por los próximos 11 años; además, le impuso una multa de 15 millones de pesos y la obligación de reparar el daño causado al erario municipal. “La inhabilitación del cargo impide e incapacita al ciudadano Porfirio Loaeza Aguilar para ejercer el cargo de presidente municipal, debido al ejercicio indebido de funciones y la constante y permanente violación para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el ejercicio público”, se lee en el dictamen que presentó el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, Jesús Zaldívar Benavides. En su argumentación para destituir al alcalde, los legisladores precisaron que en la cuenta pública de 2006 se hicieron observaciones por un monto de 19 millones 422 mil pesos, por gastos que Loaeza Aguilar no pudo comprobar durante su primera administración en Tlatlauquitepec. No obstante, el diputado de Héctor Alonso Granados, de Nueva Alianza, aseguró que la destitución del alcalde forma parte de una “vendetta política”. Los legisladores determinaron que el alcalde suplente, Pedro Jiménez López, quede al frente de la comuna de Tlatlahuitepec, municipio ubicado en la Sierra Norte de Puebla. En la misma sesión de este miércoles, los diputados aprobaron reformas a la Ley de Seguridad Integral Escolar, en las que se establece la posibilidad de sancionar con la expulsión a alumnos que promuevan el conocido bullying en las escuelas primarias, secundarias y  preparatorias de esta entidad. De acuerdo con el diputado panista Mario Riestra Piña, con estos cambios legislativos se abre la posibilidad de una expulsión parcial o definitiva para “corregir” a los alumnos que cometan agresiones físicas o psicológicas contra sus compañeros de escuela. Otra medida, según la gravedad del caso, sería su reubicación en otras escuelas, agregó. Con las reformas aprobadas, los maestros que no detengan las agresiones entre los alumnos también podrán ser sancionados por omisión, según lo establece  la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos. Asimismo, se establece la obligación de directivos de escuela, maestros, padres de familia y alumnos para integrar “brigadas de vigilancia”, que se encarguen de detectar posibles casos de violencia, a fin de brindar atención psicológica tanto a agresores como a víctimas.