MÉRIDA, Yuc. (apro).- El Congreso local emitió este jueves la declaratoria oficial para instrumentar, a partir del próximo 15 de noviembre, el nuevo Sistema Penal Acusatorio y Oral en Yucatán. Con la “Declaratoria de incorporación del nuevo sistema penal acusatorio y oral a los ordenamientos estatales”, aprobada por unanimidad, la entidad se anticipa cinco años al término establecido por la Constitución federal para incorporar en las legislaciones de los estados ese sistema de justicia, cuyos principios fundamentales son la oralidad, presunción de inocencia, continuidad y concentración, publicidad, inmediación y contradicción. Al respecto, el presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, Carlos Pavón Flores, señaló que con la Declaratoria emitida hoy, Yucatán hace historia y se pone a la vanguardia en el país. El diputado explicó que la reforma judicial en el estado cambia de fondo el sistema penal actual inquisitivo, que será sustituido por un sistema acusatorio y oral que, de acuerdo con las experiencias, ha probado ser más efectivo para proteger los derechos fundamentales de víctimas y acusados Pavón destacó que si bien todo el Estado mexicano tendrá hasta 2016 para cambiar la estructura de la justicia, en Yucatán se dimensionó la necesidad urgente del cambio y “nos comprometimos a trabajar en la implementación de un sistema que consolidara la credibilidad de la sociedad en sus instituciones de justicia y seguridad pública”. Por su parte, la diputada panista Lizbeth Medina Rodríguez destacó la incorporación de nuevas figuras jurídicas que permitirán modernizar al aparato de justicia de la entidad. Medina subrayó que la creación de instituciones como la Fiscalía General del Estado y el Instituto de Defensa Pública, ahora con nuevas atribuciones, darán un giro al sistema penal. El diputado perredista Edilberto Rodríguez López argumentó que la nueva medida beneficiará a los ciudadanos y a las instancias que imparten justicia permitirá les abrirá la puerta para un mejor desempeño. A la sesión solemne asistió el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Marcos Celis Quintal, y en representación del Poder Ejecutivo acudió Sergio Cuevas González, consejero jurídico del gobierno del estado. Como testigo de honor estuvo Felipe Borrego Estrada, secretario técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. Tras ser aprobada la Declaratoria, se ordenó notificar la medida al Congreso de la Unión, el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, la Fiscalía General, el Instituto  de Defensa Pública y los 106 ayuntamientos. Posteriormente se efectuó un panel para discutir el tema “Hacia un estado más justo”, en el que participaron Borrego Estrada; el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del estado, Mauricio Sahuí Rivero; el consejero jurídico, Sergio Cuevas González, y el presidente del Tribunal Superior Justicia, Marco Celis Quintal. Los temas centrales que se abordaron este jueves en el Congreso local giraron en torno de la armonización de la legislación estatal para la instrumentación de la reforma penal en Yucatán y el fortalecimiento de la confianza en las instituciones que imparten justicia. Durante su participación, Sahuí Rivero, quien también funge como coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, destacó que con el nuevo sistema penal acusatorio se generan nuevos retos, ya que la aplicación de la justicia debe hacerse con mayor calidad, para que los yucatecos tengan confianza en las instituciones que aplican la justicia. Afirmó que al contar con nuevas herramientas jurídicas, otro de los retos es mantener a la entidad con la misma calidad de vida que actualmente disfruta, además convertir a Yucatán “en el estado más justo del país”. De su lado, Borrego Estrada subrayó que Yucatán se ha colocado a la vanguardia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, ya que logró generar una reforma armónica e integral, manteniendo el mismo espíritu del Código Procesal Penal y las leyes estatales vinculadas al tema. Las reformas constitucionales, agregó, no consisten en transformar el proceso penal, sino en darle una buena aplicación, teniendo cuidado con dos importantes instituciones: el Ministerio Publico y la policía, que deben de reinventarse. En su oportunidad, el consejero jurídico consideró que las reformas se deben ver con dos ópticas primordiales: la que se refleja en la sociedad, en la colectividad, privilegiando la seguridad, y el beneficio del ciudadano en forma individual, ya que cuando sea víctima de un delito sabrá que ya no habrá impunidad, mientras que los victimarios tendrán la plena certeza de la promesa, por parte del gobierno, de una segunda oportunidad para rehabilitarse. Por su parte, Celis Quintal destacó la necesidad de instrumentarlos ya los juicios orales, ya que –dijo– solucionarían muchos problemas, entre ellos que el juez esté presente en el momento del juicio. Con la oralidad, añadió, se puede comprobar lo manifestado por ambas partes durante el juicio, haciendo los procesos más rápidos y con calidad. Cabe señalar que la declaratoria emitida este jueves surgió de las modificaciones que se hicieron al Código Penal del estado en mayo de 2010, cuando se crearon ocho nuevos ordenamientos: el Código Procesal Penal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de la Fiscalía General del Estado, la Ley del Instituto de Defensa Pública, la Ley de Ejecución de Sanciones, la Ley de Justicia para Adolescentes, la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y la Ley de Justicia Constitucional.