VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Líderes empresariales, de organizaciones civiles, políticos y penalistas rechazaron la ley que penaliza con cárcel a quien difunda información falsa que provoque movilización, pánico y caos social. El pasado 31 de agosto, el Congreso local aprobó la Ley contra la Alarma Social, también conocida como “ley antirumores”, que penaliza de seis meses a dos años de cárcel a quien difunda, vía telefónica o redes sociales, falsa alarma a los servicios de emergencia, reportes que provocan pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo. El presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Daniel Vázquez Díaz, rechazó tajantemente la “ley anti-rumores” porque, advirtió, “puede ser considerada como un instrumento que coarta la libertad de expresión”. Dijo que no hay criterios para determinar cuándo se trata de una información o de un rumor y que el mejor mecanismo para contrarrestar éstos es que las autoridades brinden información oportuna. El líder empresarial pidió a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ) no distraerse en asuntos como el combate a los rumores ya que, además, aseguró, no cuenta con personal suficiente para enfrentar la delincuencia. Recordó que el desempleo y la inseguridad son los dos principales problemas que aquejan a Tabasco, por lo que emplazó al Poder Legislativo a hacer modificaciones legales que permitan combatir esos flagelos. La procuradora de Asociaciones Civiles, Teresa Jaber Pancardo, tachó de “fascismo puro” la referida ley que, advirtió, sólo busca acallar a luchadores sociales y obligar a los tabasqueños a soportar, sin criticar, los malos gobiernos. “Es grotesco que Tabasco sea el primer estado del país en aprobar este tipo de ley que, más que un avance, significa un retroceso en aras de la libertad de expresión”, acusó. Mientras, el exdiputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Gerardo Priego Tapia, denunció que es una vergüenza que en Tabasco “se haya legislado contra la libertad de expresión”. Con ello, criticó, “Tabasco se coloca como vergüenza nacional e internacional. “Va a ser ridículo que se sepa que en un lugar llamado Tabasco se legisló contra la libertad de expresión”, remachó y condenó que en la entidad se decida acallar a instrumentos que sirven para ejercer las expresiones libres, como son las redes sociales. El asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), Efraín Rodríguez León, denunció que el gobierno del estado pretende monopolizar la verdad y que cualquiera que opine diferente, “podrá ser presentado ante el Ministerio Público o sometido a prisión, al acusarlo de estar atentando contra la paz social”. El abogado penalista Sergio Antonio Reyes Ramos alertó que así como en 1968 se reprimieron las inconformidades estudiantiles con el delito de “disolución social”, ahora en Tabasco los ciudadanos podrán ser encarcelados por el delito de “alarma social”. “Lo que veo es que este gobierno es intolerante y no tiene la capacidad de amortiguar el impacto social de las críticas, protestas e inconformidades, y de ese modo quiere reprimirlas”, aseguró. En mayo pasado, vía telefónica, twitter y facebook se difundió el rumor de que grupos armados atacarían centros escolares y ejecutarían a estudiantes en esta capital y varios municipios del estado. La especie causó pánico entre padres de familia, quienes sacaron a sus hijos de los planteles. Más tarde, el gobierno del estado rechazó las versiones y anunció que se tipificaría como delito y se castigaría con cárcel a quien difundiera falsas alarmas, lo que finalmente ocurrió el 31 de agosto, con la aprobación de la Ley contra la Alarma Social.