Retiene Hacienda participaciones al ayuntamiento de Cancún

miércoles, 11 de enero de 2012
CANCÚN, Q. Roo (apro).- La Secretaría de Hacienda cumplió su amenaza de embargo a las participaciones federales del ayuntamiento para cubrir un polémico adeudo de 112 millones de pesos con el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) que, según el alcalde Julián Ricalde Magaña, data de hace más de 20 años y fue liquidado en 2008. El munícipe dijo que el embargo de las participaciones federales por los próximos cuatro meses al ayuntamiento de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún, constituye un quebranto a las arcas municipales. Advirtió que la situación se torna más dramática para el ayuntamiento, pues esta circunstancia abre la posibilidad de que ahora Banobras active la “cláusula de vencimiento acelerado” del crédito de mil 400 millones por el que se reestructuró la deuda municipal. “Con ello, la comuna además dejaría de recibir durante los próximos nueve años las participaciones federales hasta cubrir la totalidad del adeudo”, advirtió. Ante la grave afectación a las finanzas municipales, el alcalde adelantó que entablará pláticas con los titulares de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Hacienda, Heriberto Félix Guerra y José Antonio Meade, así como con el presidente Felipe Calderón, para gestionar la recuperación de 112 millones de pesos “entregados indebidamente por las autoridades hacendarias al Fonhapo”. Ricalde Magaña dijo que el Fonhapo se está cobrando doble y “tenemos que encontrar la forma de revertirlo, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, no podemos permitir que esto camine así, nos va a afectar terriblemente, lo vamos a demostrar, vamos a acudir a todas las instancias, no podemos quedarnos sin ese dinero”. Comentó que la retención no compromete, por el momento, el pago de los trabajadores operativos de la comuna; sin embargo, advirtió que sí habrá afectación en materia de servicios, de obra y seguridad pública, “dado que golpea en cascada una serie de cosas. “De por sí, por manejos indebidos en pasadas administraciones y por el acelerado crecimiento poblacional de la ciudad, nuestra economía está con alfileres y ahora, un golpe así, la colapsa”. “Vamos a pagar 170 millones de pesos de la reestructura de la deuda pública municipal que se hizo de mil 400 millones, son casi 15 millones mensuales; eso está presupuestado, era una loza pesada ya contemplada, pero un cobro de esta naturaleza no hay manera de preverlo”. Luego sostuvo que “es imposible para nosotros en este momento pretender cubrirlo de alguna forma, además estas participaciones federales son líquidas de casi 30 millones mensuales, con eso casi pagamos una quincena entera de nómina cada mes, eso denota la importancia que tiene este recurso que por ley corresponde a los municipios”, argumentó. Por su parte, el tesorero municipal Leonel Sauri Galué explicó que por el crédito de Banobras anualmente se destinan 170 millones, que equivale a un pago mensual de 15 millones de pesos. Por ello, dijo que se reunirá en la Ciudad de México con las autoridades de ese banco de desarrollo “para informarles exactamente qué es lo que está sucediendo, qué estamos haciendo para resolver el problema y el objetivo único de esto es evitar que, precisamente, Banobras llegara a aplicar en algún momento la cláusula de vencimiento acelerado”. Añadió que en el contrato de Banobras se estableció un fideicomiso, que es de garantía, que obligó desde un principio a la constitución de reservas por el equivalente a dos meses de pago del crédito, o sea, “en este momento en ese fideicomiso está garantizado el pago de dos mensualidades del crédito de Banobras; pero también establece que si en algún momento, por alguna circunstancia eventual el ayuntamiento no recibiera completas las participaciones y no pudiera cubrir la totalidad de la mensualidad, se tocaría esa reserva, pero obliga al ayuntamiento a que, en el transcurso del mes siguiente, con recursos propios, tuviéramos que reconstituir el monto original de la reserva”. Refirió que el alcalde Ricalde Magaña ha manifestado que la principal preocupación es el tema del pago de nómina al personal y el tema del mantenimiento de la seguridad pública, así como de los servicios públicos del municipio, “que lamentablemente se verían afectados si no encontráramos una solución pronta al problema”. Sauri Galué aclaró que por las circunstancias del inicio de la recaudación del predial, licencias de funcionamiento y cobro de basura que se da en los primeros meses del año, “diríamos que esto no es una situación que nos vaya a afectar de manera inmediata en el tema del pago de nómina y el mantenimiento de sus servicios”.