PUEBLA, Pue. (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República en contra de la Ley de Ingresos 2012 del estado de Puebla, por considerar que violenta el artículo 6º constitucional. El ministro José Ramón Cossío Díaz dio entrada a la demanda, a la que se le asignó el número de expediente 3/2012, y emplazó a los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado para que en un plazo de 15 días presenten sus alegatos. La controversia se refiere a los artículos 73 y 76 de la Ley de Ingresos de 2012, que supuestamente se contraponen al derecho de los ciudadanos de acceder a la información del gasto público. En el artículo 73 se establece que los ciudadanos que soliciten información sobre el gasto gubernamental sólo podrán pedir copias certificadas y pagar 80 pesos por cada hoja, mientras que el artículo 76 marca la obligatoriedad de que los solicitantes proporcionen la clave del Registro Federal y Estatal de Contribuyentes o la Clave Única del Registro de Población. Estas disposiciones fueron criticadas por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y por la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (Comaip), mismas que solicitaron a la PGR que interpusiera la acción de inconstitucionalidad. Aunque la actual administración panista, encabezada por el gobernador Rafael Moreno Valle, alega que esas disposiciones están vigentes en la entidad desde el año 2009, en diciembre pasado, en lugar de eliminarse, el cobro se incrementó de 75 a 80 pesos por hoja. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, José Luis Márquez Martínez, reconoció que el pasado martes 24 el Legislativo recibió la notificación por parte de la SCJN. En entrevista, dijo que los legisladores poblanos revisarán los fundamentos que se exponen en la demanda y que determinarán en consecuencia las acciones que se tomen al respecto. En tanto, el gobernador ha defendido la legalidad de tales disposiciones al señalar que parte de la información sobre el gasto público es de acceso gratuito en el portal de Transparencia del gobierno, y que el cobro de 80 pesos por copia certificada de información comprobatoria se sustenta en los gastos administrativos que se generan con ese trámite.