Condenan agresión policiaca contra periodistas en Chiapas
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Periodistas de Chiapas condenaron este lunes la agresión perpetrada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC) del gobierno de Juan Sabines contra los corresponsales de Milenio, Juan de Dios García Davish, y de El Universal, María Peters Pino, y demandaron la inmediata intervención de la Procuraduría General de la República (PGR).
Los hechos ocurrieron esta madrugada, luego de que ambos periodistas cubrieron los incidentes violentos ocurridos en Motozintla de Mendoza, un municipio enclavado en la Sierra Madre de Chiapas, donde simpatizantes del Movimiento Progresista en Defensa del Voto incendiaron vehículos y edificios –entre ellos la presidencia municipal y la Casa de la Cultura–, saquearon mobiliario de las oficinas gubernamentales y liberaron a aproximadamente 75 reos de la cárcel municipal.
García Davish y Peters Pino fueron sacados de forma violenta del hotel donde se hospedaban y amenazados de muerte. Los agentes policiacos les quitaron sus equipos de trabajo y les exigieron dejar la ciudad, pues de otra manera sufrirían las consecuencias.
En una carta, los comunicadores de medios locales y corresponsales de otros medios del centro del país repudiaron la agresión de la que fueron objeto los dos periodistas.
“Consideramos que la agresión es un atentado contra la libertad de expresión, por lo que exigimos se investigue y castigue a los responsables de estos lamentables hechos. Exigimos también que se reparen los daños psicológicos y materiales que sufrieron los compañeros, y emplazamos a las autoridades a dar pronta respuesta a esta demanda y que no quede en la impunidad”, dice la misiva.
Los periodistas demandaron la urgente intervención de la Fiscalía Especial para atender a periodistas, organismo de la Procuraduría General de la República, para que indague los hechos e intervenga.
Por su parte, García Davish y Peters Pino recurrieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para solicitar que se dicten medidas cautelares a su favor y se les repare el daño infringido, dado que perdieron parte de su equipo de trabajo.
Los dos periodistas y su pequeña hija tuvieron que dejar el lugar antes de que los uniformados estatales cumplieran su amenaza, pues en el poblado –denunciaron– hay desorden y caos, y no existe autoridad alguna que garantice la seguridad de los ciudadanos.