CANCÚN, Q. Roo (apro).- Reyna Arceo Rosado, contralora del ayuntamiento de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún, anunció que se emprendieron acciones penales en contra de varios exfuncionarios municipales, entre ellos el exalcalde Gregorio Sánchez Martínez por el presunto desvío de recursos públicos. En conferencia de prensa, informó que en relación con el empréstito del decreto 166 del Congreso del estado, por 229 millones 656 mil 192.28 pesos, Arceo Rosado, informó que ante el indebido ejercicio del crédito, saldos no comprobados, desvío y malversación de recursos financieros, entre otros, se iniciaron cuatro procedimientos administrativos de responsabilidad contra 17 servidores y exservidores públicos, incluido Sánchez Martínez. Dijo que además, Gregorio Sánchez omitió presentar su declaración de situación patrimonial por conclusión del cargo, y conforme el expediente MBJ-CM-DPR-PAD-030/2012, inició el procedimiento administrativo disciplinario en su contra después de ser debidamente notificado, pues no acudió en los 60 días correspondientes a ejercer su derecho. Debido a la ausencia del exalcalde, se elaboró el proyecto de resolución que será remitido al Cabildo, por el cual se propone sancionar a Greg Sánchez con inhabilitación por un año para desempeñar algún puesto, cargo o comisión en el servicio público; así como la imposición de una sanción económica equivalente a cinco meses de salario mínimo vigente en la entidad. Aclaró respecto al decreto 166 que el área bajo su responsabilidad realizó varias investigaciones, así como auditorías financieras y de obra que detectaron varias inconsistencias como saldos no comprobados en cuentas, ejercicio indebido del empréstito, desvío y malversación de recursos financieros; deficiencias en la comprobación del ejercicio del gasto público, suspensión temporal de obra injustificadamente, obra pública inconclusa, incumplimiento de programa de Obra Pública Municipal, así como, deficiencias en los cambios de los procesos de construcción, relacionados con recursos provenientes del Decreto 166 del Congreso del estado. En cuanto a los cuatro procedimientos administrativos disciplinarios iniciados, la funcionaria dijo que uno responde a irregularidades y omisiones en la ejecución de la obra, y en el proceso de rescisión, que obstaculizan el reintegro del anticipo pendiente de amortizar por 14 millones 957 mil 248.18 pesos. Respecto al contrato de obra número MBJ-DGOP-DEC166-R28-003-2012 (expediente MBJ-CM-DPR-PAD-19-2012), así como por la imposibilidad de cobro de las pólizas de fianza en garantía (falsas) por la cantidad de 21 millones 887 mil 184.34 pesos de las pólizas (3591-01089-1 y 359-01091-5). Otro procedimiento responde a irregularidades y omisiones en la ejecución de la obra y en el proceso de rescisión del contrato de obra número MBJ-DGOP-DEC166-R28-001-2010. (expediente MBJ-CM-DPR-PAD-20-2012). Así como también por la imposibilidad de cobro de las pólizas de garantía de la obra (falsas), por la cantidad de 21 millones 887 mil 184.34 pesos por las pólizas con números 3591-01-015-1 y 3591-01016-1. El tercer procedimiento es por la improcedente aplicación y desvío de dinero público, en el pago de servicios y/o adquisición de bienes, que no tiene relación con la obra pública objeto del empréstito autorizado por el decreto 166, que hasta el momento da la cantidad de 114 millones 373 mil 625.84 pesos, que no es definitiva, pues –indicó Reyna Arceo- sigue auditando este tema y esta cantidad se incrementará, pues existen nuevos hallazgos. El último procedimiento deriva de la verificación de las adquisiciones de bienes y servicios en el primer cuatrimestre del año 2010, por el que se conoció que a diferentes proveedores se les pagó, sin que se acredite la entrega de los bienes y servicios descritos en diversas facturas; que además algunos de estos documentos son apócrifos, según el resultado de su verificación ante el SAT, que la suma de todas las facturas ascienden a un monto de 127 millones 300 mil 447.06 pesos. Para finalizar, en cuanto a las acciones penales, la contralora indicó que la síndico municipal, Guadalupe Leal, interpuso una denuncia en la Procuraduría General de Justicia del estado, el pasado 16 de octubre, contra la empresa Construcpesa por presuntos delitos de fraude y falsificación, y uso de documentos falsos. Se abrió la averiguación previa AP/4759/2012.