TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Empresarios, contratistas y proveedores de productos y servicios exigieron hoy al gobernador Juan Sabines Guerrero que antes de que concluya su mandato, el próximo 8 de diciembre, liquide todas las deudas que tiene con ellos por obras no pagadas. Tan sólo a empresarios de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CNIC), el gobierno de Juan Sabines adeuda poco más de 500 millones de pesos, informó el presidente de dicho organismo, Esteban Ramayo González. En una conferencia de prensa conjunta, líderes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chiapas, pidieron al gobierno estatal que garantice el finiquito de pagos pendientes que diversas dependencias y gobiernos municipales tienen con empresas chiapanecas. Revelaron que la administración que está por fenecer tiene adeudos con 500 empresarios por concepto de unas 700 obras no saldadas. El CCE está conformado por las cámaras de Comercio Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), de la Industria de la Transformación (Canacintra), de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), de la Industria de la Construcción (CMIC); las uniones Ganadera Regional y de Gasolineros; las asociaciones mexicanas de Mujeres Empresarias (Ammje) y de Agencias de Viajes (AMAV); la Alianza del Autotransporte de Chiapas y el Colegio de Arquitectos Chiapanecos (Cachac). La petición la hicieron, al término de una sesión ordinaria que sostuvo hoy el pleno del CCE. Señalaron que desde hace varias semanas están a la espera de reunirse con el secretario general de Gobierno del estado, Noé Castañón León, para escuchar las propuestas de solución a la problemática planteada en diversas ocasiones por los empresarios chiapanecos, que van desde pagos pendientes a empresas y proveedores hasta invasiones de tierras y proyectos inconclusos, que afectan los diversos sectores comerciales y empresariales de la entidad. Marina Arias Albores, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas, afirmó que “la mayoría de las organizaciones afiliadas al Consejo Coordinador Empresarial están muy preocupadas porque necesitan los pagos”. Por su parte, el presidente de la CMIC Chiapas, Esteban Ramayo González, calificó de “preocupante” el adeudo que dependencias como la Secretaría de Infraestructura Física de Chiapas (Sinfra) y el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Chiapas (Inifech) tienen con la industria de la construcción. Explicó que desde 2008 no se les han cubierto varios adeudos. “Lamentó que la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda no haya validado los recursos que las dependencias tenían ahí, “pero no los podían manejar por cuestiones de liberación de oficios”. Ramayo González, dijo que a pesar de que el gobernador Juan Sabines ha empeñado su palabra para finiquitar los pagos pendientes a empresarios de la construcción, existe incertidumbre en el gremio por el poco tiempo que resta a la administración estatal (45 días). “Ya estamos a menos de dos meses de concluir esta administración, si en tres años no han logrado revertir ese rezago de pagos que tienen los empresarios, es preocupante que en menos de dos meses se hagan esos trámites de pagos para 700 obras y aproximadamente de 500 empresarios; y sería muy importante no heredar el adeudo a la próxima administración”, señaló. El líder de la CMIC apuntó, que los alcaldes han lucrado con la buena voluntad de los empresarios, quienes ejecutan las obras en tiempo y forma, mientras que los ediles heredan el pago de las mismas, a las administraciones actuales, las cuales se resisten a reconocer las deudas. Por su parte, la presidenta de Canaco-Servytur, María Eugenia Pérez Fernández, pidió a las autoridades un plazo definitivo para que se finiquiten las obras del centro de Tuxtla Gutiérrez, las cuales, dijo, debido a su dilación han originado grandes pérdidas para los comerciantes organizados. Wenceslao Camacho Pimienta, presidente de la Unión Ganadera Regional de Chiapas, manifestó su preocupación por la alta incidencia en la problemática de invasión de tierras; y señaló que en la actualidad se tienen registrado cerca de veinte ranchos invadidos en diversos municipios del estado como San Fernando, Reforma, Ocosingo, San Cristóbal de las Casas, Arriaga, Berriozábal. Al hablar en representación de la Unión de Gasolineros del estado, Pedro Mier y Concha Baltazar, resaltó los adeudos que diversos municipios, entre éstos los de Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, mantienen con los proveedores de combustible, lo cual señaló ha lesionado gravemente la economía de este sector.