PUEBLA, Pue. (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a la acción de inconstitucionalidad que promovió Gustavo Madero, dirigente nacional del PAN, en contra de la reforma electoral aprobada por el Congreso local para atrasar el arranque de los comicios locales. En la demanda, a la que se le asignó el número 48/2012, el CEN del PAN pide invalidar  la modificación –aprobada por el Legislativo poblano el pasado 3 de septiembre– de ocho artículos del Código de Instituciones y Procesos Electorales del estado de Puebla, por contraponerse a lo establecido en la Constitución Política de la entidad. Los artículos impugnados son el 31 y el 32, así como el segundo párrafo del 79, el primero del 114, el primero del 117, 186 y 189, y el segundo párrafo del artículo 205. Con esa modificación, aprobada por 34 de los 41 diputados locales, en el Código de Instituciones y Procesos Electorales del estado de Puebla quedó asentado que el proceso electoral en el estado inicia en febrero, no obstante que la Constitución local señala que las elecciones arrancan en noviembre. A dicha reforma electoral –que se aprobó a poco más de cuatro horas de haber sido recibida por el Congreso local y publicada en el periódico oficial del estado ese mismo día– se le conoce como "ley Mondragón", porque supuestamente tuvo como objetivo evitar que el dirigente estatal del PAN, Juan Carlos Mondragón, se mantuviera al frente del partido en las elecciones locales de 2013. El apresurado cambio se realizó unas horas antes de que se realizara una reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, en la que se definiría si Mondragón –quien pertenece al grupo político del alcalde poblano, Eduardo Rivera Pérez, adversario del gobernador Rafael Moreno Valle– se mantenía un año más en el cargo, debido a la proximidad de los comicios locales. Los mismos panistas, entre ellos el diputado Juan Carlos Espina, han acusado a Moreno Valle de ser el autor intelectual de la reforma y de impulsar la candidatura de la diputada federal Blanca Jiménez. Por su parte, el dirigente estatal del PAN reconoció que el CEN del partido presentó la acción de inconstitucionalidad aportando como prueba sólo el Periódico Oficial del estado, pues el Congreso local se negó a entregarles actas, videos y audios para sustentar la demanda.