ACAPULCO, Gro. (apro).- El gobierno de Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal ofrecieron hoy una disculpa pública a las 33 víctimas, directas e indirectas, del violento desalojo de estudiantes de la normal de Ayotzinapa, el 12 de diciembre de 2011, en Chilpancingo. Durante el acto encabezado por el gobernador Ángel Aguirre Rivero en el puerto de Acapulco, el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, afirmó que en el caso Ayotzinapa no existen autores intelectuales, sólo “autores materiales y partícipes que actuaron bajo su propia responsabilidad” y que están siendo procesados penalmente. El 12 de diciembre del año pasado, durante el violento desalojo de estudiantes que bloqueaban la Autopista del Sol, fueron asesinados dos normalistas y un trabajador de una gasolinera murió por quemaduras al incendiarse una bomba despachadora de combustible. En el acto realizado a las 13:30 horas en el salón “Triangulo del Sol” del Centro Internacional Acapulco repleto de funcionarios, políticos y policías, no estuvieron las víctimas directas del desalojo, es decir, los familiares de los estudiantes asesinados, Gabriel de Jesús Echeverría y Jorge Alexis Herrera Pino, ni los normalistas de Ayotzinapa, quienes previamente anunciaron que no acudirían al acto político. Argumentaron que el caso sigue impune y hasta el momento no hay justicia para las víctimas. En lugar de los normalistas y los familiares de los estudiantes asesinados, el gobierno estatal designó como representante de 33 víctimas directas e indirectas de estos hechos a Iván Rivas Cámara, hermano de Gonzalo Rivas, el trabajador de la gasolinera que murió por quemaduras al tratar de sofocar el incendio de una bomba despachadora de combustible. En su discurso, Iván Rivas aceptó la disculpa de las autoridades federales y estatales. Enseguida se volcó en agradecimientos al gobernador Aguirre y aseguró que durante estos meses las autoridades estatales han realizado un trabajo para “encontrar soluciones pacíficas y armonizar a sus habitantes”. Por su parte, el gobernador Aguirre, quien aclaró que no se trataba de un acto simulado, ofreció a las víctimas del caso Ayotzinapa, su “más sentidas disculpas”. Aseguró que el acto de disculpa pública conjunta cumplió con uno de los puntos de la recomendación 1/VG/2012 emitida el 27 de marzo por la Comisión Nacional de Derechos Humanos  (CNDH), la cual indicó, “se derivó por la actuación irregular de algunos servidores públicos”. En tanto, en su discurso, el secretario de Gobierno, Humberto Salgado, informó que con el acto de desagravio, la recomendación de la CNDH ha sido cumplida en 80 por ciento; y reafirmó la intención de deslindar al mandatario y a sí mismo de toda responsabilidad sobre el caso Ayotzinapa. “Es importante destacar que en las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia (PGJ); la Procuraduría General de la República (PGR) y la propia CNDH, hasta este momento no se desprende ningún medio de convicción, prueba o indicio que acredite la autoría intelectual en la comisión de estos hechos y los delitos que se derivaron. “Por lo tanto, me permito ponderar que, en estos términos, no se tienen bases o datos para considerar la existencia de autores intelectuales de estos hechos”, refirió. El funcionario señaló que esta postura tiene como propósito “clarificar” que en el acaso Ayotzinapa “nunca existió la intención o voluntad por parte de la autoridad” de violar los derechos humanos de los manifestantes o de las personas que transitaban por la zona. Sobre este tema, el funcionario informó que los agentes ministeriales, Rey David Flores e Ismael Matadamas están procesados por los delitos de homicidio y lesiones. Para las procuradurías local y federal, ambos policías son los únicos responsables del homicidio de los dos normalistas. Asimismo, Salgado Gómez dijo que 101 servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y de la Procuraduría local fueron sancionados administrativamente. Otros 12 funcionarios de la PGJ fueron separados del cargo y se encuentran sujetos a investigación administrativa y penal. Lo que omitió decir el secretario de Gobierno es que los 12 funcionarios aludidos, fueron restituidos en sus cargos el 15 de octubre por órdenes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo a una nota difundida por la agencia Apro. También dijo que la PGJ abrió una averiguación previa por las denuncias de tortura que la CNDH le imputa al comandante de la Policía Ministerial Estatal, David Jesús Urquizo Molina. Otro punto que comentó el secretario de Gobierno fue el relacionado con la reparación del daño a las víctimas ausentes del acto oficial. Al respecto, dijo que se creó un comité de atención a víctimas que reconoce a 33 personas afectadas, directa e indirectamente, por la actuación de policías federales y estatales. Afirmó que se han destinado más de 50 millones en materia e infraestructura educativa en la escuela normal de Ayotzinapa. Dijo que a los padres de los estudiantes asesinados, así como a 33 personas más, ya fueron indemnizados con diferentes montos económicos. Anunció también que el Ejecutivo local enviará en los próximos días al Congreso estado varias iniciativas de ley para sancionar la práctica de la tortura, y regular el uso de la fuerza pública y el armamento de las corporaciones ante manifestaciones públicas. En tanto, el director general de Derechos Humanos de la SSP federal, Víctor Hugo Pérez Hernández, ofreció una disculpa a las víctimas “por los actos donde participaron agentes federales”, y enfatizó que lo hacía en nombre del titular de la dependencia, Genaro García Luna. En su discurso, donde casi rompe en llanto, Pérez Hernández dijo que la muerte de un estudiante es una agresión contra la sociedad y calificó al trabajador de la gasolinera como un héroe. En representación de la CNDH, estuvo el director general de atención a violaciones graves, Tomás Serrano Pérez, quien se limitó a decir que acudió al acto como observador y que espera en breve reunirse con los normalistas y los familiares de los estudiantes asesinados para conocer la causa por la que decidieron no asistir al acto oficial.