PUEBLA, Pue. (apro).- El gobierno de Puebla y el periodista Fabián Gómez Hernández, director del portal de noticias Contraparte Informativa, resolvieron, en conciliación, la demanda por daño moral que interpuso el director de Comunicación del estado, Sergio Ramírez Robles, el pasado 23 de octubre. Ante la jueza primera de lo civil, María de los Ángeles Camacho Machorro, acudieron tanto el funcionario estatal como el periodista para participar en una audiencia conciliatoria, en la cual ambas partes firmaron un acuerdo. A fin de dar por terminado el juicio 1046/2012, ambas partes aceptaron cumplir con cinco puntos: Respeto a la libertad de expresión en su más amplio sentido; respeto al derecho a la información; un compromiso de respeto mutuo; respeto a la secrecía de las fuentes y sustentar las publicaciones con pruebas fehacientes. Aunque al presentar la demanda por “daño moral” en nombre del gobierno de Puebla, Ramírez Robles pidió que se publicara un extracto de la sentencia en lugar de imponer una sanción económica, en la junta conciliatoria el funcionario aceptó desistirse de este punto, a cambio de firmar el “acuerdo mutuo de voluntades”. La demanda contra el director de Contraparte Informativa es una de las dos que interpuso el gobierno de Puebla el 23 de octubre por supuesto daño moral, al alegar que los periodistas incurrieron en un “exceso de libertad de expresión” por ofender y denostar a funcionarios estatales. Primero, se filtró a la prensa una lista de 19 periodistas que serían llevados a juicio por los mismos cargos, pero después el gobierno del estado rechazó la veracidad de esa lista. Ramírez dijo que, luego de que llegó a una conciliación con Gómez Hernández y de buscar una solución similar para el otro juicio, el gobierno del estado ya no contempla demandar a otros periodistas. En el caso de la demanda contra el periodista Adrián Ruiz, de El Heraldo de Puebla, la audiencia conciliatoria tuvo que ser diferida hasta el 28 de noviembre con el objetivo de buscar a un acuerdo. El periodista dijo que aún valora si acepta la conciliación, en la que ahora insiste la parte gubernamental, o contrademandar al gobierno por haberlo acusado, presuntamente, sin sustento. Rodolfo Aragón, abogado del periodista, reveló que el Juzgado Civil se negó entregarles los alegatos en los que se basó la querella. Hasta ahora, el gobierno de Puebla no ha precisado sus acusaciones, pues sólo ha asegurado que los periodistas señalados ofendieron a funcionarios estatales hasta en 80 ocasiones, pero no han presentado los escritos, palabras o columnas en las que se basan para demandar por “daño moral”.