Atribuyen a gobiernos priistas inseguridad y pobreza en Tabasco

martes, 14 de febrero de 2012
VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- El Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab) atribuyó hoy el clima de violencia que priva en la entidad a los gobiernos antidemocráticos priistas que han ostentado el poder en la entidad, desde Salvador Neme Castillo hasta Andrés Granier Melo. Al hacer un recuento de sus actividades, a 22 años de su fundación, el Comité dijo que en Tabasco perisisten una serie de irregularidades, como la violación de derechos humanos, tortura, ejecuciones, secuestros, extorsiones, asesinatos de migrantes, corrupción, pobreza y desempleo. Además, destacó que hay un repunte en los índices de secuestros, extorsiones y ejecuciones. En 2001, por ejemplo, dijeron,se cometieron 80 ejecuciones en la entidad. El Comité dio a conocer también que también han aumentado los asesinatos y violaciones de migrantes centroamericanos que pasan por Tabasco rumbo a Estados Unidos.  Detalló que de 2008 a octubre 2011, el organismo recibió 2 mil l 213 quejas en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y agentes ministeriales por tortura, “lo que pone en evidencia que se está recurriendo a la tortura para implicar en delitos a los delitos”. Destacó que los migrantes centroamericanos son víctimas de secuestros, asaltos, violaciones a mujeres, asesinatos y operativos violentos por parte de autoridades federales y estatales, quienes recurren “a toda clase de ilícitos  en su afán por parar el flujo migratorio”. Respecto de la pobreza, informó que, según el estudio de Medición de Pobreza 2010, del Consejo Nacional de Evaluación de Política y Desarrollo Social (CONEVAL), los pobres en Tabasco pasaron de un millón 171 mil a un millón 283 mil, que representan el 57% de los 2 millones 238 mil de la población total. “¿A qué se debe esta pobreza en Tabasco si tenemos petróleo y un gran presupuesto? A la corrupción que ha persistido en los gobiernos de Tabasco”, aseguró. Esta situación, indicó, ha provocado que los pobres se refugien en programas sociales como  “Oportunidades”, “70 y Más” y se incrementen los vendedores ambulantes como medio de subsistencia. En relación con el medio ambiente, el Comité explicó que Tabasco produce diariamente 450 mil barriles de petróleo crudo y con ello enorme contaminación, principalmente en municipios petroleros como Cunduacán, Huimanguillo, Paraíso, Macuspana, Centla  y Centro (Villahermosa), los más impactados por derrames y fugas en ductos e instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex). Lo anterior ha provocado daños severos a la salud de habitantes de la zona y la destrucción de sus propiedades, destacó el Codehutab y puso como ejemplo la colonia Los Aguilares, municipio de Cunduacán, donde la empresa CARESA “viene enterrando lodos contaminantes a escasos cien metros de la población desde 2004, gozando de toda impunidad por las autoridades ambientales federales y del estado de Tabasco”. El organismo civil defensor de los derechos humanos también se refirió a las inundaciones sufridas en los últimos cinco años, y las obras del Plan Hídrico Integral de Tabasco (PHIT) para evitarlas, “donde el gran problema es la corrupción y la falta de transparencia”. Sostuvo que las acciones del PHIT, realizadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), “han quedado empantanadas en escándalos recurrentes”, ya que mientras no hay inundaciones no se habla ni se trabaja en el tema; y cuando éstas llegan, se realizan obras de emergencia y soluciones desesperadas como levantar muros de costales de arena en orillas de ríos y abrir canales “que destruyen comunidades enteras”. “Con toda esta situación, vivida desde 2007, se han violentado los derechos ciudadanos a la vivienda, alimentación, salud,  patrimonio, medio ambiente sano, trabajo, justicia y a la paz”, puntualizó. Destacó que lo más preocupante, es la Conagua seguirá con el desalojo de familias enteras para realizar obras que contempla el PHIT, entre ellas, 66 mil personas de 107 comunidades, principalmente de los municipios de Cunduacán y Nacajuca. Son, en suma, “más de dos décadas en que ha persistido la violación a los derechos humanos de la población más vulnerable como campesinos e indígenas, por gobernantes antidemocráticos desde Salvador Neme Castillo hasta el actual de Andrés Granier”, resumió el Codehutab.