MONTERREY, N.L. (apro).- Representantes del sector privado de Nuevo León pidieron al gobernador Rodrigo Medina reconocer que no puede con la inseguridad en la entidad y, por tanto, que abra paso a las fuerzas federales y militares para enfrentarla. Los presidentes de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) y del Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León (Ccinlac), Eugenio Clariond Rangel y Víctor Zorrilla Vargas, respectivamente, así como el director de Coparmex, José Mario Garza Benavides, ofrecieron una conferencia de prensa conjunta para exponer su preocupación ante la escalada de violencia que vive el estado. Zorrilla Vargas sostuvo que la estrategia estatal de seguridad es errática, y de plano pidió al mandatario local hacerse a un lado, reconocer que no puede con el problema y darle oportunidad a las fuerzas militares y federales. Por su parte, el director de Coparmex dijo: “Al gobernador Rodrigo Medina le manifestamos que debe quedar muy claro que la prioridad en Nuevo León es la seguridad y no los procesos partidistas”. Añadió: “Le exigimos ocuparse en el trabajo para el cual fue conferido y que la ciudadanía le asignó, además de comprometerse de manera que responda a la gravedad del problema que hoy enfrentamos”. El empresario señaló que de acuerdo con el pulso metropolitano de la entidad, “el mandatario estatal en seis meses se encuentra 10 puntos porcentuales menos comprometido con la seguridad del estado”. A nombre de los organismos intermedios, Zorrilla Vargas lamentó la muerte de 44 reos, ocurrida el pasado lunes 20, y el “grave descontrol” que priva al interior del penal de Apodaca. Consideró “indignante” la descomposición de los cuerpos policiacos y los elementos vinculados con la seguridad en el estado. Ahora “se da a conocer que cerca de 20 custodios y funcionarios de ese penal confesaron participar en estos hechos violentos al permitir el ataque y la fuga de reos”, fustigó. Recordó que durante el año pasado los empresarios insistieron en la necesidad de que las autoridades implementaran una estrategia para retomar el control de los penales del país, al ser un “foco de alerta y corrupción latente”. Pero ante los recientes hechos de anarquía que se han presentado en los penales de la entidad, expresó, “urgimos a que el gobierno estatal reconozca públicamente que no puede hacerlo (tomar el control) y dé paso a las fuerzas militares y federales para lograrlo. “De la forma en que el gobierno del estado está actuando en éste y otros casos, es perceptible que la seguridad no es su prioridad número uno”, acusó Zorrilla Vargas. En su opinión, el gobierno parece más preocupado en nombrar a un secretario de Gobierno “que opere una plataforma hacia las próximas elecciones”, así como en apoyar “la licencia de la alcaldesa de uno de los municipios con mayores problemas de seguridad en el estado”. El director de Coparmex Nuevo León, José Mario Garza Benavides, afirmó que “el caso del penal de Apodaca es aún más grave que el del Casino Royale, desde el punto de vista de responsabilidad, pues se da dentro de un recinto que en esencia debería estar completamente controlado. “Deviene claramente de actos de corrupción de funcionarios públicos y, por si fuera poco, el director de este penal había sido declarado como no confiable y aun así el gobernador de Nuevo León lo instaló en ese cargo”, criticó. El empresario comentó que directivos de la iniciativa privada ya propusieron federalizar cuanto antes el penal de Apodaca y emprender acciones inmediatas tendientes a depurar los penales del estado. Para lograrlo, coincidieron en la necesidad de trasladar a reos peligrosos del fuero federal a penales de máxima seguridad como el de Puente Grande o las Islas Marías, así como delinear un programa de preliberación de presos del fuero común. “Hoy estamos encendiendo el foco de alerta y la última llamada al gobierno del estado. El tema de la seguridad no se deslinda a secretarios ni se delega a voceros. Queremos ver al gobernador liderando y resolviendo los grandes problemas que enfrentamos en lugar de solamente aparecer en eventos de otra índole”, señaló a su vez Clariond Rangel. Horas antes, en la asamblea de accionistas de Cemex, Lorenzo Zambrano, presidente de la cementera, consideró mediocre la seguridad en la entidad. “Hay mucha mediocridad en el área de seguridad en el estado y se manifiesta de esta manera. Es increíble y me lastima. En general yo diría que falta muchísimo en la capacidad, (…) Tenemos mucho por hacer todavía, y mientras no haya personas claramente capaces y responsables de las áreas de seguridad en Nuevo León, no vamos a avanzar con la rapidez que debiéramos”, puntualizó. Decae confianza en el gobernador Durante la presentación del tercer pulsómetro de seguridad, elaborado por Ccinclac, Caintra y Coparmex, con ayuda de investigadores del tecnológico de Monterrey, los empresarios señalaron que hay una tendencia a la baja en la percepción general de seguridad entre la ciudadanía, y en particular en la actuación del gobernador Rodrigo Medina. A los encuestados se les preguntó ¿qué tan comprometidas ven a las autoridades de los tres niveles de gobierno para resolver el problema de la inseguridad? “En el mes de enero la ciudadanía percibe un menor compromiso por parte de los gobernantes para combatir el problema de la inseguridad. En promedio se observó una disminución marginal de 2.88 puntos porcentuales en la proporción de ciudadanos que ven ‘comprometido’ a su alcalde o alcaldesa”, dice el reporte. Asimismo, señala que la confianza en el gobernador Medina también se deterioró en 10 puntos porcentuales. “El otro dato relevante es el compromiso del gobernador por resolver el problema de la inseguridad, que según los encuestados se ha visto mermado desde julio, cuando que arrancó esta medición, de 39.90% a 29.8% en esta última encuesta; es decir, el gobernador en seis meses se encuentra 10 puntos porcentuales menos comprometido de acuerdo con la percepción ciudadana”, agrega. El estudio fue realizado con base en un sondeo entre 5 mil 461 ciudadanos contactados vía telefónica de forma aleatoria.