COLIMA, Col. (apro).- La mayoría de las personas que han muerto en hechos de violencia se encuentran relacionadas con actos delictivos, aseguró el gobernador Mario Anguiano Moreno, quien defendió la permanencia de la procuradora Yolanda Verduzco Guzmán, cuyo desempeño ha sido cuestionado por diversos sectores de la población. Según datos de la propia Procuraduría local, en 2011 creció más de 70% el número de ejecuciones en relación con el año previo, al pasar de 93 a 165, mientras que en lo que va del año ya se han contabilizado más de 50 homicidios. El viernes 9, familiares de Simón Ignacio Palomino Gutiérrez –asesinado dos días antes junto con dos personas más en un establecimiento de automóviles usados– encabezaron una manifestación frente al palacio de gobierno, en la que entre otras cosas exigieron que si la procuradora no puede con la delincuencia, entonces renuncie a su cargo. Uno de los organizadores de la protesta fue el fundador de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Teodoro Palomino Gutiérrez, hermano de la víctima. A raíz de la triple ejecución, la funcionaria estatal declaró que se encuentran bajo investigación varios negocios de automóviles por presuntos nexos con el crimen organizado, lo que fue interpretado por los familiares como una inculpación contra Simón Ignacio. Sobre los reclamos de los inconformes, quienes llevaron el féretro con el cuerpo de su familiar al palacio de gobierno, Anguiano Moreno se dijo convencido de que no existen elementos para determinar la destitución de la titular de la PGJE: “En ese planteamiento no se ve que tengan la razón, por lo tanto no se va a atender como se ha planteado”, advirtió. El mandatario estatal manifestó que el nivel de trabajo de Yolanda Verduzco, quien lleva más de un año en el puesto, ha mejorado en cuando a la eficiencia requerida para atender las labores de procuración de justicia. Sin embargo, reconoció que en el caso específico de Simón Ignacio Palomino no se derivó el que haya estado involucrado en actos delictivos. Indicó que el gobierno estatal se une a las expresiones de insatisfacción de la sociedad, pues la mayor parte de los actos de violencia donde mueren personas, provienen de la delincuencia organizada, y en esto hay mayor competencia federal, pero las autoridades colimenses no eluden lo que les corresponde.