OAXACA, Oax. (apro).- Organizaciones sociales y maestros instalaron un campamento de denuncia frente al palacio de gobierno para exigir justicia por el asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez, vocero de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán y quien se opuso a las operaciones de la empresa minera Cuzcatlán SA de CV, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, en el municipio de San José del Progreso. Y adelantaron que el próximo miércoles 21, los maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y una red de organizaciones sociales del país realizarán bloqueos carreteros y tomarán empresas transnacionales, así como embajadas y consulados, principalmente de Canadá. Lo anterior fue dado a conocer por el secretario de alianzas del magisterio de Oaxaca, Lorenzo Herrera Serrano, quien agregó que también realizarán, dentro de su plan de acción, un acto político en Guelatao para conmemorar el natalicio de Benito Juárez. En rueda de prensa, advirtió que, en la medida en que no exista respuesta a la demanda de justicia por los 31 asesinatos de activistas y luchadores sociales, “subirán de tono las acciones para presionar al gobierno y a las instancias encargadas de impartir justicia”, con el objetivo de que den resultados. Por su parte, Marcos Leyva, de Servicios por una Educación Alternativa, cuestionó al gobierno de Gabino Cué y al procurador Manuel de Jesús López, porque “han dicho muchas cosas a nivel declarativo, pero no hay respuestas claras” sobre los recientes asesinatos, y particularmente los de Bernardo Vásquez Sánchez y del profesor Rafael Rodríguez Enríquez. Luego de repudiar el artero asesinato de Bernardo Vásquez, el movimiento magisterial fijó su posición a favor de la defensa de los recursos naturales, la cancelación inmediata de proyectos transnacionales y su apoyo a los pueblos originarios en la defensa de su territorio. Mientras los representantes de unas 15 organizaciones denunciaron la “política de exterminio” que despliega el gobierno estatal hacia los defensores de los derechos territoriales y los líderes sociales. Y advirtieron que “no permitirán una muerte más, ni que este gobierno siga favoreciendo los acuerdos con las transnacionales y que siga acordando con los grandes capitales la venta del territorio estatal. No vamos a permitir que los pueblos paguen con su vida los acuerdos comerciales del gobierno estatal y federal”.