Protestan ante Consulado de Canadá por muerte de activista

miércoles, 21 de marzo de 2012 · 21:13
OAXACA, Oax. (apro).- Integrantes de grupos sociales efectuaron este día una protesta frente al Consulado de Canadá para exigir justicia y castigo a los responsables del asesinato del activista Bernardo Vásquez Sánchez, ocurrido el jueves 15. Los miembros de Servicios para una Educación Alternativa (Educa), así como Flor y Canto, demandaron además la cancelación de operaciones de la minera Cuzcatlán, filial de la trasnacional canadiense Fortuna Silver, ubicada en San José del Progreso, en el municipio de Ocotlán. Desde su llegada a esa población, acusaron, la minera ha traído múltiples conflictos, entre ellos la separación de los habitantes y los homicidios de los activistas Bernardo Vásquez y su tío Bernardo Méndez Vásquez. Sostuvieron que estos asesinatos se pudieron evitar si el gobierno de Gabino Cué aplicara una política de atención integral ante las demandas de los pueblos indígenas, a los que se vulneró el derecho de consentimiento libre e informado. En el país, argumentaron, se protege el interés de las empresas extranjeras por encima de los pueblos originarios. En tanto, el diputado petista Flavio Sosa advirtió que Fortuna Silver Mines, propietaria de la mina de San José del Progreso, obtendría ganancias superiores a los 468 millones de pesos anuales; en contraste, Oaxaca sólo recibiría encono, muerte, desarticulación comunitaria y un medio ambiente devastado. En la sesión de este día, Sosa Villavicencio demandó al gobierno federal revocar las concesiones y permisos con los que opera la minera Cuzcatlán. Luego, citó datos de la propia empresa, según los cuales durante 2011 la mina produjo 490 mil 555 onzas de plata y 4 mil 622 onzas de oro, y para este año espera obtener 1.7 millones de onzas de plata y 15 mil onzas de oro; una vez terminada la ampliación, generará anualmente 3.2 millones de onzas de plata y 25 mil onzas de oro. Sin embargo, denunció, “hasta hoy la empresa minera sólo ha dejado a Oaxaca encono, muerte, desarticulación comunitaria y un medio ambiente devastado. Es todo lo que tendrá la población indígena de San José del Progreso una vez que haya terminado la vida útil de la mina”.

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