CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El Juzgado Primero de Distrito con sede en esta capital dictó auto de libertad a la agente del Ministerio Público del fuero común, María Eugenia Salgado Guzmán, por “falta de elementos para procesarla” en el caso de dos normalistas de Ayotzinapa asesinados el 12 de diciembre pasado. La decisión se tomó pese a que la actual funcionaria de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) fue quien integró la averiguación previa por el caso de los dos estudiantes abatidos durante el desalojo de normalistas realizado por policías federales y estatales al sur de esta capital. En la resolución judicial, emitida el jueves 22 por la tarde y a la que tuvo acceso Apro, se indica que Salgado Guzmán no tuvo “ninguna responsabilidad” y “tampoco participación directa” en la liberación de las 24 personas detenidas durante el desalojo, acción considerada por la Procuraduría General de la República (PGR) como irregular y por la que emprendió acción penal contra más de una decena de funcionarios y exempleados de la PGJE. No obstante, la PGR solicitó a un juez federal que autorice un segundo paquete de órdenes de aprehensión contra cinco exfuncionarios de la PGJE, entre ellos el exdirector de la Policía Ministerial Estatal (PME), Antonio Valenzuela, informaron fuentes oficiales del Poder Judicial de la Federación (PJF). Esta acción ocurre a unas horas de que el exprocurador Alberto López Rosas aseguró que el auto de formal prisión dictado en su contra, el martes 20, forma parte de un nuevo montaje que armaron las autoridades federales para evitar “que otros implicados logren evadir la acción de la justicia”. El auto de libertad dictado a favor de la extitular de la agencia central del Ministerio Público de Chilpancingo, María Eugenia Salgado, es la segunda resolución de este tipo que acordó el Juzgado Primero de Distrito por el caso Ayotzinapa; el primero en gozar de este beneficio legal fue el agente del MP del fuero común, Ernesto Acevedo Hernández. Hasta ahora, los funcionarios que están sujetos a proceso penal son: el exprocurador Alberto López Rosas; los exsuprocuradores Alejandro Hernández Paz y Puente y César de los Santos Mendoza; el exdirector de Averiguaciones Previas, José Vélez Zapata; la exfiscal en la Zona Centro, María Severiana Peña Flores, así como los agentes del MP del fuero común, Gloria Rocío Cruz Méndez y Magdalena de Jesús Cruz. Sin embargo, estos siete exfuncionarios y trabajadores de la PGJE se encuentran en libertad provisional bajo caución, reconoció la PGR mediante un comunicado emitido el jueves 22. El texto destaca que, de acuerdo con el artículo 411 del Código Federal de Procedimientos Penales, los procesados "deberán presentarse" a firmar ante el juzgado por lo menos una vez a la semana o cuantas veces sean requeridos por el juez que tiene conocimiento de la causa. Así, del primer paquete de 10 órdenes de aprehensión que solicitó la PGR, sólo hace falta definir la situación jurídica de un testigo de la Procuraduría estatal que declaró haber visto disparar a los policías federales contra los manifestantes durante el funesto desalojo y que es acusado por la dependencia federal de falsear información ante la autoridad.