Pablo Salazar, responsable de la muerte de bebés en Chiapas: CEDH

miércoles, 28 de marzo de 2012
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El Consejo Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) solicitó a la Procuraduría local y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el ejercicio de la acción penal en contra del exgobernador Pablo Salazar, y del exsecretario de Salud, Ángel René Estrada Arévalo, por la muerte de 33 recién nacidos en el Hospital K de Comitán, ocurridos en diciembre de 2002 y enero y febrero de 2003. El ómbudsman estatal Pedro Raúl López Hernández dio a conocer la recomendación 04/2012-R para que hechos como los ocurridos hace casi una década no se vuelvan a repetir. Destacó que a principios de 2003 tomó conocimiento de oficio e inició el procedimiento de queja; entonces se hizo un llamado para que se tomaran las medidas precautorias pertinentes. Sin embargo, la CEDH se hizo a un lado luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atrajera el caso y emitiera la recomendación 24/2004, misma que el gobierno de Chiapas aceptó. No obstante, el desahogo de la recomendación no fue satisfactorio para los familiares de los bebés muertos, debido a que muchas de las averiguaciones previas fueron declaradas sin elementos y finalmente archivadas. López Hernández recordó que, entre junio y julio de 2011, padres de familia acudieron al CEDH y, simultáneamente, interpusieron un recurso de reconsideración ante la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE). Es por esa razón que la Procuraduría de Chiapas reabrió los expedientes, en tanto la CEDH abrió una nueva investigación. Luego de documentar las diversas irregularidades, el ómbudsman estatal determinó emitir la recomendación y pedir a la PGJE deslinde la responsabilidad en homicidio doloso por omisión de Salazar Mendiguchía y Estrada Arévalo, exgobernador y secretario de Salud de Chiapas. Además, el CEDH exhortó a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos para que inicie, integre y determine la posible responsabilidad penal del exmandatario estatal, por haber ordenado el no ejercicio de la acción penal y archivo definitivo de todas las indagatorias relacionadas con las muertes de los bebés. En otro punto de la recomendación se propuso adoptar las medidas necesarias para indemnizar, reparar los daños y perjuicios ocasionados a las víctimas, así como analizar la posibilidad de ofrecer una disculpa pública por las violaciones a sus derechos humanos, aparte de proporcionarles atención médica y psicológica.

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