LEÓN, Gto. (apro).- Integrantes del movimiento Ciudadanos Hartos, con sede en esta ciudad, presentaron una demanda de amparo en contra de la licencia solicitada por Juan Manuel Oliva a la gubernatura, pues consideran que el procedimiento seguido por el panista es en los hechos una renuncia al cargo, lo que no procede según la Constitución del estado. Oliva Ramírez abandonó la gubernatura el 29 de marzo, luego de que la dirigencia nacional del PAN dio a conocer su incorporación a la estructura partidista como secretario adjunto de Elecciones. Ese mismo día entregó al Congreso local su solicitud de licencia, en la cual no se precisó si tendría una vigencia definitiva ni las causas que la justificaron, lo que sí hizo en una declaración a los medios, donde se dijo “soldado del PAN”. Esto le fue reprochado por diputados del PRI, quienes votaron en contra de la solicitud, aunque la mayoría panista y otros diputados de oposición avalaron la petición. El ciudadano Roberto Saucedo interpuso la demanda de amparo, misma que fue admitida el lunes 9 por el juez primero de distrito con sede en la capital del estado, Arturo González Padrón, quien requirió al exgobernador y al actual sustituto, Héctor López Santillana, como autoridades responsables y terceros interesados, para que rindan, en un plazo de cinco días, un informe en el que detallen el trámite efectuado. El juez determinó no entrar al análisis del procedimiento efectuado por los diputados locales para la designación del gobernador sustituto, en virtud de que para ello la Legislatura se erigió en Colegio Electoral y el amparo no entraría en este ámbito. Sin embargo, admitió la posible afectación a ciudadanos como Saucedo Pimentel, a quien en los próximos días se unirán otros integrantes del movimiento Ciudadanos Hartos, quienes interpondrán demandas en el mismo sentido, anunciaron hoy en rueda de prensa. “No es que Oliva haya sido un magnífico gobernador… pero él juró cumplir la Constitución del estado y ejercer el cargo por seis años, y lo que hizo en realidad fue renunciar, no pedir una licencia, según lo especifica la propia Constitución”, aclaró Saucedo Pimentel. Recordó que en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, una determinación del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa impidió a la alcaldesa, Ivonne Álvarez, dejar su cargo cuando pretendía contender por una senaduría por el partido en el que milita, el PRI. La alcaldesa debió regresar a su puesto en la presidencia municipal, luego de que dos ciudadanos ganaron el amparo que interpusieron, con base en las reformas en la materia, que consideran legítimo el derecho del ciudadano a proceder en estos casos. “Necesitamos empezar a hacer sentir el peso de la sociedad; la indignación la manifestamos y nos dura tres o cuatro días, y hasta ahí llegamos. Ahora se sumarán más ciudadanos con este mismo formato”. Saucedo Pimentel explicó que este amparo podría obligar al ahora operador electoral de la candidata panista Josefina Vázquez Mota –a la que le acaba de prometer más de 20 millones de votos-- a regresar para terminar su periodo como titular del Ejecutivo en Guanajuato.