TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Familiares y amigos de los siete policías municipales implicados en la captura, tortura y muerte de Gabriel Domínguez Escobedo en el municipio de Reforma, colindante con Tabasco, responsabilizaron del funesto desenlace a agentes ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE). Luego de marchar hasta esta capital, casi un centenar de personas se apostaron frente al Congreso del Estado y el Palacio de Gobierno, para exigir al gobernador Juan Sabines Guerrero la liberación de los siete policías municipales detenidos. La semana pasada, el miércoles 11, un grupo de policías municipales y ministeriales dirigidos por el agente del Ministerio Públic,o Edgar Benjamín Estrada Cervantes, irrumpieron en el domicilio de Domínguez Escobedo sin orden de cateo. Se llevaron y lo golpearon a pesar de estar sometido. Posteriormente, dejaron que un perro lo mordiera y a culatazos le rompieron dos costillas, algunos de cuyos huesos se le incrustaron en el pulmón. En la espalda, le quedó grabada la huella de una bota. Supuestamente, lo confundieron con un delincuente. Debido a los golpes, la víctima murió sin siquiera haber sido remitido ante el Ministerio Público. Los policías municipales y estatales de la PGJ lo llevaron al Centro de Salud de Reforma, Chiapas. Gabriel Domínguez Escobedo, de 33 años, era la persona equivocada; el delincuente que perseguían se esfumó en un lote baldío, según narró su hermana Silva el pasado domingo. Domínguez Escobedo dejó viuda a Carmen “N”, con quien procreó una hija, Lupita, una niña discapacitada de ocho años. Hoy los familiares de los siete policías municipales llegaron a Tuxtla y exigieron la libertad los uniformados; señalaron como autores del crimen a los policías ministeriales de la PGJ. Margarita Janet Briones, cuñada de uno de los policías detenidos, Paulino Izquierdo Alfaro, denunció que el alcalde Herminio Valdez Castillo les dejó de pagar el sueldo a los familiares de los detenidos y están pasando por una situación crítica. “Queremos que dejen libres a nuestros familiares, ellos son inocentes; que no les quieran cargar un muerto. Allá (en Reforma) ya se sabe quiénes lo levantaron y lo mataron. Los asesinos no fueron los municipales, fueron los policías estatales de la PGJ a quienes ahora pretenden encubrir y echarles la culpa a personas inocentes”, dijo Margarita Janet Briones. Exigieron a la procuradora María Susana Palacios García que saque las manos y que no tergiverse las investigaciones para exculpar a los estatales e implicar a los municipales.