Aprueba PRI en Tabasco dar seguridad a exfuncionarios de justicia y exgobernadores

lunes, 2 de abril de 2012
VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- La mayoría priista del Congreso del Estado aprobó reformas y adiciones a la Ley de Seguridad Pública para brindar protección a exgobernadores y eximpartidores de justicia, así como a candidatos a gobernador, alcaldes y diputados. Con 18 votos a favor y 13 en contra, los diputados modificaron los artículos 74, 75 y 76 de la citada ley para otorgar seguridad al gobernador, secretario de Gobierno, procurador y subprocurador de Justicia secretario de Seguridad Pública, presidente del Tribunal Superior de Justicia y director de Averiguaciones Previas, cuando hayan estado al menos un año en el cargo. También gozarán de protección sus familiares en línea ascendente hasta el primer grado y descendiente hasta en un segundo grado. El documento establece que el plazo de seguridad que se proporcionará dependerá de la disponibilidad presupuestal y las circunstancias particulares del caso, aunque no podrá exceder del tiempo que el funcionario ejerció el cargo y podrá ser prorrogado si persiste la causa. También señala que en periodos electorales, las autoridades de Seguridad Pública deberán brindar medidas de seguridad a candidatos a gobernador, alcaldes y diputados locales que la soliciten a través del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT). La diputada priista Yolanda Rueda de la Cruz expuso que dicha garantía no constituye un privilegio, sino una necesidad y aliciente para que los funcionarios a quienes se les brinde protección, desarrollen sus funciones con mayor seguridad, compromiso y profesionalismo en el combate a la delincuencia. Manifestó que Tabasco no es un estado de excepción, ya que entidades como Sinaloa, Coahuila, Sonora, Nuevo León, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Puebla, Michoacán cuentan con disposiciones legales que regulan la protección de los exfuncionarios. Refirió también que los candidatos a gobernador, alcaldes y diputados locales enfrentar riesgos de sufrir atentados por parte de la delincuencia organizada y citó como ejemplo el caso de Roberto Torres Cantú, aspirante a la gubernatura de Tamaulipas, asesinado con seis personas más durante su campaña. El diputado perredista, Juan José Martínez, justificó el voto en contra de su bancada al considerar que en Tabasco no puede haber ciudadanos de primera y segunda clase, en relación a la obligación del Estado para proteger la vida y el patrimonio de todas las personas por igual. Indicó que el documento carece de los resultados de la lucha contra el crimen organizado, ni explora la percepción de la sociedad sobre su confianza en las instituciones policiales y de administración de justicia, además, no aclara el origen del personal que ofrecerá seguridad personal a los exfuncionarios. Por su parte, el diputado del PAN, Juan Francisco Cáceres, lamentó la inequidad que existe, dijo, al brindar seguridad a exfuncionarios “cuando los ciudadanos no cuentan con los elementos policíacos que protejan su integridad y patrimonio”.

Comentarios